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La Ciudad insiste en su mano colaboradora con la justicia en torno al ‘caso Emvicesa’
Intervenciones telefónicas, ceses fulminantes conocidos esta semana, una acción política colocada en el disparadero… El ‘caso Emvicesa’ ha terminado por constituir una auténtica pesadilla para el Gobierno, que ha llegado a confesar que se trata de un episodio demasiado doloroso. Así lo manifestó ayer el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, a los medios de comunicación al término del Consejo de Gobierno.
“Deseamos que la Justicia actúe y clarifique todo lo que tenga que clarificar”, confesó Hachuel por boca del Gobierno. El portavoz recordó lo ya dicho por el propio presidente de la Ciudad en el pleno del debate sobre el estado de la institución: “Que caiga el peso de la ley y el que lo haya hecho que la pague, sobre los que se demuestre que haya hecho algo”, sentenció.
“Respetamos y colaboraremos con la justicia. Pretendemos que este episodio tan doloroso se clarifique cuanto antes para la buena salud democrática y de nuestras instituciones”, apostilló.
Las víctimas en este ámbito que ya se ha cobrado este ‘caso’ no hacen sino aumentar, sin que todavía haya sentencia siquiera ni haya asomado más que detalles de la instrucción.
Las que fueran consejeras y diputadas del Gobierno, Susana Román y Rabea Mohamed, tuvieron que dimitir generándose la primera gran crisis del Ejecutivo y provocando su reestructuración. Esta semana se conocía, además, el cese fulminante vía llamada telefónica del que fuera hasta hace unos días asesor del presidente Vivas, Jesús González Barceló, después de que salieran a la luz intervenciones telefónicas efectuadas por la UDYCO en torno a su manera de proceder, concluyendo que sus actuaciones rozaban lo que se conoce como “tráfico de influencias” sin que pudiera disponer de pruebas para acusarle de lo que es un delito. González Barceló no ha estado nunca investigado (entendiendo la figura de imputado) en estas actuaciones.
