Consumo, Inversión y Gasto Público son los tres componentes macroeconómicos del Producto Nacional Bruto de un país. De estos, el sector público ocupa más del 40% del total. Pero es que además, las políticas económicas que se desarrollan a través de los Presupuestos Generales del Estado, tienen una influencia decisiva en el devenir económico del país. De ahí que la aprobación de los mismos sea un momento crítico en la vida parlamentaria.
Los sindicatos han sido claros tras el análisis exhaustivo del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2017: “No son los que necesita la sociedad española”. Según nos informan en su estudio, estos no atienden las necesdidades de la sociedad, ni afrontan los problemas del desempleo, pobreza y desigualdad. Por esta razón han registrado en el Congreso de los Diputados un documento de análisis y propuestas, con la idea de lograr unos PGE al servicio de la ciudadanía y de la clase trabajadora de nuestro país. Veamos los puntos más importantes del mismo.
Contrario a lo que indica la teoría económica, el Gobierno entiende las cuentas públicas como si de un presupuesto familiar se tratara, renunciando, de hecho, a su capacidad para impulsar la actividad económica, como indican todos los estudios disponibles. Su objetivo es rebajar el déficit presupuestario recortando el peso de la iniciativa pública, lo que conduce a un escenario de crecimiento débil. En lugar de rebajar el déficit público impulsando el crecimiento, lo que proponen es congelar el gasto público y mejorar los ingresos mediante el aumento de la inflación, pero sin compensar de sus efectos negativos a los colectivos más vulnerables y a los empleados públicos, pues las transferencias sociales y los salarios perderán poder de compra. En definitiva supone una subida encubierta de impuestos doblemenmte regresiva, pues la pagan las personas en mala situación con un esfuerzo mayor respecto a su nivel de renta.
Según nos indican los sindicatos en su documento, es probable que, como ocurrió el pasado año, al no cumplirse la previsión de ingresos, el objetivo del déficit termine alcanzándose con una subida de impuestos, o un nuevo recorte del gasto. De hecho, entre 2015 y 2016, se redujeron los ingresos en 12.300 millones, lo que afectó negativamente al crecimiento económico y al empleo, y terminó con un recorte del gasto finalmente liquidado de 7.300 millones, fundamentalmente en el Servicio Público de Empleo Estatal y la inversión pública.
Como siguen diciendo, la renuncia a incrementar la productividad con un aumento significativo de la inversión pública y en I+D+i, circunscribe la mejora de la competividad a la presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo, también durante la etapa de crecimiento, lo que impide la participación de los trabajadores en la prosperidad de las empresas. Asimismo, el recorte del empleo público en la presación de servicios básicos como la sanidad y la educación, ha impulsado el crecimiento de la iniciativa privada en estos servicios, debilitanto la cohesión social.
Desde los sindicaos se viene denunciando hace tiempo que en España el crecimiento económico convive con claros perdedores. Mientras que los datos macroeconómicos presentan una evolción favorable, hay una notable regresión de los ciudadanos y trabajadores de nuestro país. El proyecto de PGE de 2017 no atiende a las necesidades de los ciudadanos, ni afronta sus gaves problemas de desempleo, pobreza y desigualdad, pues el gasto público apenas aumenta un 1,7% en educación y un 2,3% en sanidad, cayendo la inversión general en un 3,3% (un 20,6% en infraestructuras).
El cuadro macroeconómico presentado, no solo no favorece el crecimiento real de la economía, sino que lo frena, pasando del 3,2% en 2016 al 2,5% previsto para 2017, favoreciendo el sector externo frente al consumo privado. De la misma forma, reduce el crecimiento del empleo desde el 2,9% al 2,5%, lo que supondrá ua caida de la tasa de paro de sólo 2,1 puntos, frente a los 2,4 puntos del años anterior. Al mismo tiempo, la inflación prevista del 1,5% en los precios, supondrá a los empleados públicos una pérdida de medio punto de poder de compra y a los pensionistas 1,25 puntos. Es decir, estos dos colectivos serán, nuevamente, los paganos de los compromisos del Gobierno con Bruselas, lo que supondrá un nuevo ajuste fiscal de 1,2 puntos del PIB, equivalente a 10.200 millones de euros.
Por todas estas razones, los sindicatos segurán presentando enmiendas los PGE, orientadasa conseguir unos presupuestos más sociales y favorables a la ciudadanía.