Al menos una potencial licitadora ha solicitado por escrito a la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma que suspenda el concurso convocado a mediados de noviembre para adjudicar el servicio de limpieza de las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado, cuyo plazo de presentación de ofertas terminó el lunes, porque el importe total del presupuesto base de licitación, 150.000 euros, no llega ni para cubrir durante los tres años de vigencias los costes de personal que exige el propio Pliego de Prescripciones Técnicas.
Dicho documento prescribe la subrogación de tres trabajadores, dos limpiadoras a jornada de 40 horas semanales y otro a solo cinco horas por semana con la categoría de especialista y el correspondiente plus. Sus salarios brutos anuales rozan los 55.000 euros, con lo que durante tres años el importe mínimo de sus remuneraciones se acercaría a los 165.000 euros.
“El personal que actualmente presta este servicio en algunas de las dependencias objeto del contrato pasará a estar adscrito al nuevo adjudicatario, por lo que éste se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la empresa contratista saliente [Limpiasol] respecto de dicho personal sea cual sea la forma jurídica que adopte aquél”, dejan claro los Pliegos, que añaden que “el personal mínimo para la prestación estará compuesto al menos de dos limpiadores de lunes a viernes en jornada de 8 horas diarias y un limpiacristales cinco horas a la semana”.
Fuentes del sector han lamentado que la licitación de concursos cuyo presupuesto no alcanza ni para cubrir los costes de personal se ha convertido en “una costumbre” en la Ciudad Autónoma que atribuyeron a la “dejadez” con la que se elaboran los pliegos “cortando y pegando párrafos sin más, con lo que los perjuicios se derivan sobre los trabajadores o sobre la prestación del servicio, que controla la Administración, con lo que la plantilla se convierte en el eslabón más débil”.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establece que el contrato se adjudicará “mediante el único criterio del precio”. En caso de empate se miraría el número de empleados con discapacidad o tener el distintivo empresarial de igualdad.
El Negociado de Contratación ya se vio obligado en septiembre a desistir del concurso convocado en agosto para adjudicar el servicio de limpieza de locales y edificios de la Ciudad Autónoma, que se había sacado a licitación por un presupuesto base de licitación de 2,6 millones de euros (IPSI incluido) tras “advertir error en la cuantificación de dicho servicio”. En este caso la lista de personal a subrogar incluía a cerca de cuarenta trabajadores y el plazo de duración del contrato se planteaba para cuatro años con un valor estimado de algo más de tres millones y el único criterio que se iba a valorar de las ofertas era el precio.
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