Presupuesta que algo queda

Dice nuestra Constitución que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Es pues el interés general el que debe mover a todos los poderes públicos y sea cual sea la esfera en la que se desenvuelvan. En el caso del poder ejecutivo todos los años debe presentar su programa económico plasmado en los Presupuestos Generales del Estado, por una parte el de ingresos que es una estimación de los mismos y por otra el de gastos que es una habilitación de créditos que permite al ejecutivo hasta el límite aprobado en la ley gastar el importe de los mismos. Estos Presupuestos tienen una cierta liturgia que debe ser respetada porque es lo que está escrito en la norma suprema que es la Constitución y todos los poderes públicos deberían censurar cuando esto no ocurre. Así, en cuanto a la presentación establece que “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. En situación normal si la expiración de los mismos se sitúa al final del ejercicio, es decir a 31 de Diciembre, debería ser el 1 de Octubre la fecha clave para su presentación, pero “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. Los Presupuestos del 2018 fueron aprobados según la Ley 6/2018 de 3 de Julio de 2018 y al no haberse aprobado los Presupuestos de 2019 antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, es decir el 1 de Enero de 2019, se tienen por prorrogados los de 2018, por lo que en la actualidad estamos en el periodo de prorroga que marca la Constitución. En esencia esos Presupuestos aprobados después de la moción de censura ganada por la oposición al Partido Popular, han sido elaboradas por un ejecutivo que propugnaba medidas económicas diferentes a las propugnadas por el Partido Socialista. “ Con estos Presupuestos Generales del Estado para 2018 elaborados en el marco de la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre , General Presupuestaria..” se manifiesta que los Presupuestos de 2018 pueden ser gastados en 2018, es decir desde Julio a Diciembre pero los ingresos no pueden corresponderse a ese medio año porque están estimados según una base anual mientras que los gastos están habilitados para ser gastados durante ese ejercicio 2018, hasta Diciembre. Cuando se prorrogan los Presupuestos al principio de Enero de 2019 , de nuevo se pone el reloj en marcha como si esos Presupuestos Generales hubieran sido aprobados según la ortodoxia presupuestaria.

Pero en estos periodos anormales , debido a tener la competencia para poder gastar todo el presupuesto sin tener la financiación soporte de los mismos es cuando se pueden cometer agujeros presupuestarios que ahonden en el déficit comprometido al fin del ejercicio presupuestario y que rompa el techo de gasto y el déficit de obligado cumplimiento de acuerdo con las autoridades europeas. Es el Tesoro Público en estos casos a quien compete , de acuerdo con los ingresos que va recibiendo de las recaudaciones de los diferentes tributos quien tiene que moderar las ansias de gasto de los poderes públicos y de las emisiones de deuda Pública en el caso de falta de ingresos. Pero los poderes públicos, en particular el Ejecutivo, en una época como la actual en la que no se ha ejecutado completamente los Presupuestos de 2018, que al inicio de 2019 los del ejercicio anterior han sido prorrogados y que los del ejercicio actual se pueden aprobar a finales del primer trimestre de 2019 y si a esto se le añade que en 2019 se celebrarán varias elecciones está claro que el Ejecutivo actual intentará ejecutar dentro de todos los límites posibles tanto los Presupuestos prorrogados de 2018 ( probablemente durante un trimestre) y los propios del ejercicio 2019 (probablemente tres trimestres).Ahora bien, teniendo en cuenta que si el actual gobierno agota la legislatura en el próximo año posiblemente nos encontremos en la misma situación dependiendo de cuando se fije la convocatoria de elecciones , que esa vez serán generales al Congreso de los Diputados: prórroga de los Presupuestos Generales de 2019 y ejecución de los del ejercicio correspondiente a 2020 durante un periodo corto de tiempo. En estas circunstancias es absurdo el lanzar medidas estratégicas con los Presupuestos como base al ser de corto alcance y poder ser suprimidas con la llegada de nuevos gobiernos. Solamente se podrían ejecutar medidas de corto alcance más bien de tipo huero, mucho volumen pero poca consistencia. De ahí que el gobierno actual se haya lanzado a anunciar los incrementos de las pensiones públicas sin el estudio de un modelo actuarial que conlleve a una cierta estabilidad o al incremento de los salarios de los empleados públicos sin conocer el alcance del incremento de ingresos que tiene que compensar esa subida ni el de la deuda pública. En cuanto a las pensiones, la idea es retrasar un año la edad efectiva de jubilación sin modificar la legal establecida a partir de 2027 en 67 años. En 2018 la efectiva se situó en 62,7 años mientras la legal es de 65 años y 6 meses, pero esa medida sola se considera completamente insuficiente para equilibrar el sistema de pensiones. Por ello se ha lanzado a magnificar los incrementos de impuestos , que como hemos señalado anteriormente son estimativos en cuanto al conocimiento total de su recaudación, con unas tasas de incremento estimado jamás conseguidas y creyendo que el aumento indiscriminado de impuestos lleva al proporcional aumento de ingresos sin tener en cuenta que ese incremento fiscal impide el crecimiento económico y el consiguiente detraimiento de la economía con el subsiguiente panorama de pérdida de empleo. Ya el anunciado incremento de los salarios mínimos ha puesto en la calle a miles de trabajadores del sector servicios tanto Autónomos como de las PYMES y se ha anunciado un fuerte retraimiento en ese sector para el presente ejercicio, obligando al gobierno a rebajar la tasa de crecimiento por segunda vez en tres meses que baja del 2,6% en 2018 al 2,2 % del PIB, al tiempo que ha aumentado la tasa de paro esperada al 14 %. Las PYMES que son el 99,87% del tejido empresarial español ya han comenzado a conocer los efectos de estas políticas llevando al paro a cientos de ellas.

"Estos Presupuestos tienen una cierta liturgia que debe ser respetada porque es lo que está escrito en la norma suprema que es la Constitución y todos los poderes públicos deberían censurar cuando esto no ocurre"

En relación al Proyecto de Presupuesto de Ingresos la cifra estimada que se espera recaudar asciende a 227.356 millones de euros, lo que representa una recaudación de 20.000 millones de euros más que en 2018, es decir un 9,5 % superior a lo logrado el año anterior e incrementando los tributos principales de acuerdo con lo pactado con los comunistas, IRPF un 4,9%, ( para rentas superiores a los 130.000 euros) IVA un 11,7 % e Impuestos Especiales un 11,8 % . El aumento en el impuesto de Sociedades con un tipo mínimo del 15% (18% para la banca y petroleras) supondrá un incremento del15 % en las cargas fiscales de las empresas, a ello se une la tasa “Google” para las grandes empresas digitales y tecnológicas y la tasa “Tobin” para penalizar las transacciones financieras, todo ellos sin ninguna experiencia en cuanto a su cuantificación.

En cuanto al Proyecto de Gastos Consolidado este asciende 472.660 millones de euros, 5,1 % más que los aprobados en los PGE del año anterior, de esta forma aumenta el gasto en 23.000 millones de euros, el mayor aumento desde 2013, así riega Cataluña con 2.251 millones de euros, un 67% más que el año pasado lo que representa el 18,2 % de la inversión total del Estado. Por otra parte el denominado Gasto Social supone un importe de 209.510 me, el 57,3% de todo lo presupuestado, incluyendo en el citado gasto la partida más importante :las pensiones, que supone el 42,1 % del Proyecto de Presupuesto lo que supone un incremento de 12.599 millones de euros, en total 153.864 me, un 6,2% más que en 2018. El Ejecutivo ya ha anunciado la petición de un préstamo de 15.000 me para el pago de las pensiones. Entre pensiones, intereses de la deuda y desempleo se nos va el 55,7% del presupuesto lo que supone el mayor incremento desde 2009.

En tiempo de elecciones, conviene regar la huerta por lo que para las CC.AA y Ayuntamientos estos presupuestos dedican 129.899 me (110.570 para CC.AA y 19.329 para los Ayuntamientos) y un gran aumento de créditos en infraestructuras: 10.029 me, que significa un aumento del 18,1% respecto a 2018, de ellos 2.051 me serán dedicados a inversiones en Cataluña, 1.000 me más que el pasado año, aunque podría haber bastante más como resultado de los acuerdos bilaterales para la aprobación de los Presupuestos. En total se produce un incremento de la presión fiscal del 35,5 % del PIB.

Un gran engendro formado por un aumento excesivo pero irreal de ingresos que no puede soportar el tremendo aumento de los gastos y derivados a contentar a los socios comunistas e independentistas. Estos Presupuestos, estoy convencido serán aprobados, porque en modo alguno los sustentadores de las políticas incluidas en los mismos nunca encontrarán gobierno semejante en contra de los interese generales del Estado, nudo gordiano de nuestra Constitución. A ellos sí les queda.