Preso, en huelga de hambre

• Un joven que lleva 2 años en prisión secunda esta protesta desde el lunes

Se llama Nabil. Tiene 33 años y desde este lunes permanece en huelga de hambre en la prisión de Los Rosales. Tan solo bebe agua por la mañana y por la noche. Y así ha decidido permanecer hasta que se haga justicia. Es lo único que pide, que su situación sea revisada después de que el pasado 19 de agosto el juzgado de lo Penal número 1 dictara auto acordando la prórroga de su prisión dos años más. El hecho es que Nabil lleva preso preventivo desde el 6 de septiembre de 2014, después de que le sorprendieran conduciendo un vehículo cargado con 20 kilos de hachís. Es decir, ha cumplido ya dos años en prisión provisional y, con una petición del Ministerio Fiscal de 3 años y 6 meses, se le prorroga otros dos más su internamiento entre rejas.

Residente en España (en Parla), la historia de este joven marroquí se trunca ese 6 de septiembre de hace dos años cuando, según su testimonio, aceptó llevar un vehículo a la península sin saber que portaba el cargamento de droga. Desde su arresto el procedimiento se ha ido dilatando, con una suspensión inicial del juicio previsto en diciembre de ese año al aparecer el nombre de otro presunto implicado en la causa que no fue detenido hasta el pasado junio, sin que la Defensa del joven, representada por el letrado Abselam Abderrahaman, fuera siquiera informada de este extremo. Tras su declaración en el juzgado número 6, éste fue puesto en libertad, no así el protagonista de esta historia que siguió entre rejas habiéndose suspendido el segundo intento de celebración de juicio el pasado 19 de agosto, fecha en la que se dicta la prórroga, comunicada y sin fianza. La misma se sostiene en el riesgo de fuga existente, a pesar de que la Defensa expone que tiene domicilio fijo en la península. También se basa en la advertencia de que, de ser condenado -algo probable según el magistrado-, las penas privativas superiores a dos años (Fiscalía en este caso pide más de 3) no son susceptibles de suspensión de ejecución, “lo que puede hacer tentar al acusado de desaparecer y sustraerse a la acción de los órganos jurisdiccionales”, advirtió en el auto.

La resolución ha sido ya recurrida ante la Audiencia y se ha cursado una queja al Defensor del Pueblo en la que se expone las hasta seis veces que se ha pedido en instrucción la libertad provisional del joven, sin obtenerse resolución alguna, así como la injusticia por dictarse una prórroga mayor después de haberse cumplido ya los dos años (más de la mitad de la pena solicitada) y teniendo en cuenta la residencia fija en el país, amén de la existencia de medidas cautelares que podrían cumplirse para evitar la fuga temida.