El relevo en la presidencia de la Autoridad Portuaria despertó cierta intranquilidad entre los vecinos de las casas portuarias ubicadas tanto en Muelle de Poniente como en San Amaro. El motivo de esa inquietud, explicaba su representante legal José Vázquez Ávila, se desprendía del temor de que todos los avances logrados con el anterior presidente para concretar la enajenación de las viviendas y su posterior adjudicación bajo un precio social no llegara a culminarse tras la marcha de Rafael Rodríguez Valero.
Sin embargo, tras solicitar en varias ocasiones una reunión con
el nuevo presidente, finalmente en el mes de abril Juan Manuel Doncel se sentará con los ocupantes de estas viviendas para abordar de qué manera se va a actuar.
Vazquez Ávila comenta que el presidente del
Puerto “está sensibilizado” con el tema, dada su experiencia ante el órgano municipal de gestión de la vivienda,
Emvicesa. Por este motivo, confirma que está familiarizado con procesos de enajenación y vivienda social, dos puntos cruciales que solicitan los habitantes de estas casas.
Tras mantener un primer contacto, el presidente le comunicó al abogado que para la fecha fijada de la reunión, su intención era conocer ya en qué estado se encuentra la segunda tasación encargada a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), la cual esperan que se ajuste a los precios de mercado y se aleje de la tasación inicial que valoraba algunas viviendas en precios que oscilaban entre los 80.000 y 100.000 euros.
Por parte de los ocupantes de las casas, se le va a exponer de nuevo el informe que se elaboró donde se detallan todos los desperfectos que mantienen las viviendas, buscando continuar con la “hoja de ruta” marcada con el anterior presidente en que se planteó ejecutar trabajos de reparación en las zonas comunes y no en cada vivienda, como se venía haciendo, con la previsión de que una vez enajenadas y adquiridas por los ocupantes, sean ellos como propietarios, quienes asuman estas reparaciones.
Vázquez Ávila insiste en que se trata de un acuerdo favorable para el Puerto, ya que estas viviendas son un “activo no productivo, no son rentables” que al año le cuestan a la Autoridad Portuaria cerca de 500.000 euros en trabajos de mantenimiento.
El abogado explica que de continuar lo ya establecido, el siguiente paso sería la enajenación y oferta, a un precio social, a los inquilinos de estas casas. En el caso de estar vacías, la propuesta se haría a otros trabajadores del puerto que estuvieran interesados o, incluso, trabajadores de la Ciudad.
Para llegar a ese punto, antes tienen prevista una visita, junto con el presidente del Puerto, a las viviendas para que conozca el estado real de éstas. A partir de ahí, se tendría que establecer una norma de cómo se va a actuar y dar la orden de enajenar con unas pautas ya establecidas donde se asegure que los actuales ocupantes puedan acceder a la compra de estas viviendas a un precio asequible para ellos.
Esta es la planificación que se le expondrán a Doncel, quien tendrá que determinar el siguiente paso a seguir y dar cuenta de la situación que guarda la segunda tasación de las casas.