La Ciudad cifra en más de 56 millones de euros el montante económico que ahora mismo está en juego con la Administración General del Estado y que entiende el presidente Juan Vivas “es de justicia” el contar con los mismos.
La disección de estos más de 56,5 millones de euros comienzan con los 16,2 millones de euros que dejará de recaudar la Ciudad Autónoma de Ceuta este año como consecuencia de la bajada de ingresos por el tema del COVID-19. En este apartado concreto vino a significar que Ceuta cuenta con una figura impositiva como es el IPSI que está relacionado totalmente el PIB nacional y que “por tanto, si por el Gobierno se ha calculado la bajada del PIB a nosotros nos repercutirá”. Por esta razón se entiende que Ceuta tiene derecho a participar en el fondo establecido por el Gobierno de la Nación para la caída de los ingresos y que se destina a las autonomías.
Luego, un segundo apartado son los 13,3 millones que establece Ceuta como el gasto que ha realizado dentro de las competencias que tiene asignadas en materia de Salud Pública. Y sobre este particular el presidente Vivas alude a que “se ha hecho más que se debe”. Y uno de los ejemplos que puso fue que no tenía Ceuta que haberse hecho cargo de los inmigrantes que están alojados en los polideportivos, pero que se hizo porque fue una orden de la Delegación del Gobierno.
El mismo presidente aludió a que cuando se dio a conocer la creación del fondo de 16.000 millones de euros por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sintió contento por la actitud, pero que al día siguiente cuando hubo una videoconferencia con los consejeros de Hacienda se produjo “una profunda inquietud”. Y se considera desde el Gobierno autonómico que es “inaceptable” que Ceuta no participe en dos de los tres fondos que ha creado la Administración General del Estado.
Siguiendo con la disección del dinero que se está pendiente de recibir por parte de la Administración General del Estado reconoció que se continuará insistiendo para el cobro de los convenios de producción de agua y acciones relacionadas con el hecho fronterizo y que suman más de 15 millones de euros si se cuentan tanto el dinero del pasado año como el de 2020. Explicó que son convenios que están incluidos en los PGE del año 2018 que son los que están en vigor porque se han prorrogado tanto en 2019 como en 2020.
Y, luego, aludió a los más de 12 millones del coste del mantenimiento de los MENA que “seguimos entendiendo que es una responsabilidad del Estado y no de la Ciudad Autónoma y que ya hemos solicitado en varias ocasiones que se asuman porque es una cuestión estrechamente relacionada con la inmigración en general”.
Quiso aludir a que esta cifra superior a los 56 millones de euros vienen a suponer desde luego casi una cuarta parte del capítulo de gastos de la Ciudad Autónoma en sus cuentas públicas de este año y que está en juego, desde luego, la supervivencia de la institución que considera clave para cuestiones como el mantenimiento de servicios esenciales y ayudar al desarrollo económico de nuestra ciudad.
Por ello, dijo que la petición al Gobierno para que cumpla con esta obligaciones hacia Ceuta debe ser una actitud de todos los partidos políticos “y con la unidad hay que exigirlo”. Sentenció que no hay otro lugar en España, salvo Melilla, que necesite más en estos momentos una aportación extraordinaria por parte del Estado y para que se cumpla la obligación de cumplir con el apartado de la Constitución que establece la solidaridad interterritorial.
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