Presentan un dossier con los defectos de las casas portuarias

La representación legal de los residentes en las casas portuarias repartidas entre el muelle de Poniente y San Amaro presentó ayer, ante la Autoridad Portuaria, un dossier con la situación real de la infraestructuras de esta viviendas.

Todo esto, para intentar que la empresa que en su día hizo la tasación para su salida a la venta, Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), tome en cuenta estos datos y desista de la valoración hecha sobre plano y no sobre la situación actual de las viviendas, que en algunos casos están próximas de cumplir los cien años.

José Vázquez Ávila, abogado que representa a los inquilinos de estas 63 casas, cuenta que han elaborado este informe precisando, a todo detalle, todas las carencias estructurales que tienen estas casas después del paso del tiempo, demostrando que las viviendas no alcanzan el precio de tasación, cifrado entre 80.000 y 100.000 euros.

Recuerda que estas viviendas se hicieron con un fin social, para los trabajadores del Puerto y que después han ido pasando de padres a hijos. Se trata de familias, defiende el abogado, que no pueden permitirse una casa con esos costes y a las que toda esta situación, “les está generando bastante estrés y ansiedad”, lamenta el letrado.

Asegura que la intención de estas familias es no abandonar las viviendas que han sido su hogar desde hace tantos años, pero también quieren formalizar la compra-venta de sus casas, eso sí, a un precio asequible para ellos.

Además, se quejan de la falta de información que están obteniendo sobre este proceso, ya que pese a haberse personado como parte interesada en este procedimiento, la Autoridad Portuaria no les está informando de los movimientos que se están llevando a cabo. Por este motivo se han decidido en presentar este dossier, no sólo para que se valore a la hora de la retasación de las viviendas, sino también para que le sirva de herramienta al Puerto para la previsión de gastos de mantenimiento con miras al 2019.

Vázquez Ávila desglosa que cada año la Autoridad Portuaria desembolsa 450.000 euros para mantener estos inmuebles y que ese fue el motivo principal por el que inició los trámites para poder venderlas y que ya los nuevos propietarios se hicieran cargo de las viviendas.

Sin embargo, esta situación ha sido toda una sorpresa para los inquilinos, explica el abogado, ya que pensaban que las casas saldrían a la venta con miras a que ellos pudiesen adquirirlas y no a esos precios. Temen que finalmente se queden sin hogar, ya que pese a que los edificios se podían declarar en ruina, eso implicaría una reubicación y que la Ciudad, fuese la encargada de dotarles de otra vivienda, algo que no se ha planteado.