El
Gobierno de la Ciudad ha decidido prescindir este año del
retén estival que el
Cuerpo de Bomberos de Ceuta desplegaba en el Monte Hacho y García Aldave como avanzadilla de respuesta a posibles incendios forestales, por el que la administración local desembolsaba unos 51.000 euros en horas extraordinarias. El Ejecutivo local ya abona unos 700.000 euros al año por esa misma vía para garantizar una dotación mínima de 12 efectivos del SEIS por turno, pero el Tribunal de Cuentas (TCu) lleva años siendo muy crítico con la gestión de esa partida.
En su último informe, el órgano fiscalizador cifró en más de 1,1 millones de euros las cantidades abonadas en la Ciudad por gratificaciones denominadas ‘horas por servicios extraordinarios’. Las cobró un total de 425 funcionarios, es decir al 51% de la plantilla. “La prestación regular de estos servicios fuera de la jornada no ha tenido el carácter extraordinario recogido en el Acuerdo regulador, ni se ha circunscrito a los casos excepcionales previstos en el mismo, habiéndose observado que su retribución se ha realizado de forma periódica en el tiempo y fija en su cuantía”, denunció el TCu.
La Ciudad dispone desde hace dos veranos de las cámaras del proyecto 'Safe City' capaces de localizar cualquier variación térmica o humo colocadas en torres de 20 metros de altura, autosuficientes gracias a paneles solares, ubicadas en Anyera, el Monte de la Tortuga, la explanada de Poniente y Cuatro Caminos.
CSIF respondió ayer con virulencia a la decisión del Gobierno y censuró que con la supresión del retén que “favorecía y minimizaba el tiempo de respuesta del Cuerpo en el caso de originarse un incendio en los montes de nuestra ciudad” se deja “desprotegida y sin bomberos a la ciudad en el transcurso de una incidencia”.
“Tanto la Consejería de Presidencia como el jefe del Servicio del SEIS han solicitado insistentemente el establecimiento del retén de monte, pero se ha denegado por motivos económicos”, criticó el sindicato, que amenazó con denuncian penales si se da un fuego.