Los eurodiputados españoles Jordi Cañas y José Ramón Bauzá han preguntado a la Comisión Europea si por su parte existe “algún impedimento legal” para que España subvencione “el 100%” del coste del transporte marítimo de “productos alimentarios de primera necesidad
con origen en la Unión” entre
Algeciras y Ceuta (y entre los puertos de Málaga, Almería o Motril
y Melilla) siempre que dichos portes sean realizados “por navieras comunitarias de línea regular”. Según argumentan los dos europarlamentarios de Ciudadanos, “el carácter extrapeninsular de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, su escaso territorio y la escasez de recursos propios conforman una realidad objetiva que equipara sus desequilibrios a los de las regiones insulares o ultraperiféricas”. Ambas están, por lo tanto afectadas por “las circunstancias de insularidad y las graves diferencias socioeconómicas que sufren las dos ciudades autónomas, reconocidas como fronteras sur de Europa”.
Los eurodiputados apelan a una realidad equiparable a la de las regiones ultraperiféricas
Bauzá y Cañas recuerda que hace ya más de cinco años, en la Ley 3/2017 de
Presupuestos Generales del Estado, se recogieron esas “dificultades reflejadas en los sobrecostes estructurales debidos su carácter extrapeninsular” con el establecimiento “con vigencia indefinida” de “un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre ambas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre
espacio económico europeo”. Aquel compromiso no se implementó nunca por parte del Ejecutivo de Rajoy, pero el Gobierno de Pedro Sánchez activó en verano el desarrollo reglamentario para implementar “un sistema de compensaciones” dotado con 250.000 euros para las dos ciudades norteafricanas con el objeto de subvencionar el transporte de “productos originarios o transformados en Ceuta”, las materias primas y productos intermedios necesarios para su fabricación, las mercancías en stock procedentes de importaciones de pequeños y medianos comercios sujetas al régimen de venta al por menor, las mercancías peligrosas y los residuos. El Gobierno central propone un régimen distinto para cada una de esas cinco categorías, pero en cualquier caso el desembolso total para el Estado del sistema de compensaciones “no podrá dar lugar a un coste efectivo superior al importe de la consignación presupuestaria”, por lo que se supone que, como ya sucede con Canarias o Baleares, el montante disponible cada ejercicio (en este 2022 se presupuestaron 74,2 millones para ambos archipiélagos) habrá de repartirse de forma proporcional entre todos los solicitantes reconocidos como beneficiarios.
El Gobierno propone un marco de ayudas muy limitado
La propuesta con la que trabaja el Gobierno central para bonificar el transporte de determinadas mercancías entre la ciudad autónoma y la península es mucho más limitada que el “100%” de subvención que plantean Cañas y Bauzá para determinados productos alimentarios de primera necesidad traídos desde Algeciras. De entrada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé establecer una compensación de “hasta el 50%” en el coste del transporte marítimo y aéreo con destino al resto de España u otros territorios de los productos originarios de la ciudad autónoma. Idéntico porcentaje se establece para las mercancías originarias de la UE que se consideren ‘inputs’ para la producción o transformación de los anteriores. En el caso de las mercancías peligrosas con origen o destino Ceuta la compensación sobre el flete respectivo tipo se fija en hasta el 100%, mientras que el de residuos locales para ser “procesados o reciclados” en la península se fija en el 35%. Para los stocks comerciales, el Ejecutivo central prevé aplicar un tope de subvención de “hasta el 50%” de los costes regulados para devolver a la península aquellas mercancías provenientes de pequeñas y medianas empresas comerciales de Ceuta que, sujetas al régimen de venta a menor, hubiesen sido importadas “antes de un año natural”. La relación de los costes subvencionables incluye el flete, los de manipulación en puertos y aeropuertos de origen y destino, las tasas de esas infraestructuras, las de seguridad si se aplicasen y el recargo por incremento del coste del combustible, en su caso.