Los precios de las instalaciones deportivas, protagonistas en la Junta Rectora del ICD

Las actuales tarifas de las distintas instalaciones deportivas en Ceuta protagonizaron la Junta Rectora del Instituto Ceutí del Deporte. Tanto el MDyC como Caballas llevaron propuestas relacionadas con la revisión urgente de los precios que mantienen para poder ser usadas por los ciudadanos.

La formación liderada por Fatima Hamed recordó la propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea el pasado mes de mayo, cuando el Ejecutivo local se comprometió a rebajar las tasas de las instalaciones deportivas para que se adecuen a unos precios asequibles a la ciudadanía.

“Desde el MDyC exigimos que se ejecuten las propuestas que se aprueban en el Pleno de la Asamblea por parte del Bipartito y no se ‘guarden en el cajón del olvido”, reclamaba esta formación.

Por parte de Caballas, se discutió, por “razones de urgencia”, una propuesta para elaborar y presentar, ante de finalizar el mes de octubre, una revisión de los precios públicos por la utilización de las instalaciones del ICD, además de solicitar que se garantice a todos los clubs deportivos un cupo semanal de horas de entrenamiento gratuito.

También en el plano económico, Caballas pidió que en 2020 se implante un sistema de becas aplicable a las tasas de escuelas deportivas y actividades del ICD garantizando, en todo caso, que queden exentas de pago las unidades familiares cuyos ingresos no superen los 9.000 euros.

Los de Mohamed Ali exigieron recuperar la gestión de todas las pistas polideportivas que se encuentren cedidas en la actualidad, así como incluir en los Presupuestos de 2020 las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para garantizar la apertura de todas las instalaciones del ICD durante los 365 días del año. Según confirmaba esta formación, todas las propuestas presentadas por el grupo Caballas fueron aprobadas en esta junta.

Modificación del presupuesto

Con motivo de esta Junta Rectora, el MDyC volvió a llevar a colación las cantidades, dentro del presupuesto del ICD, que se destinan al pago de sentencias y a los intereses de demora. Según expresaba la formación de Hamed en un comunicado, la encargada del área de Deportes ha señalado que la modificación del presupuesto se llevó a cabo para pagar más de 300.000 euros en las costas e intereses de las sentencias a las que ha sido condenado el ICD, fundamentalmente para la empresa Arasti Barca. Tras esta información, el MDyC calcula que la cantidad a pagar en sentencias judiciales este año se elevará a casi 1.2 millones de euros.
Sistema de contratación

Ni el MDyC ni el PSOE pasaron por alto los problemas que ha tenido en los últimos tiempos el ICD en materia de contratación. “El MDyC no concibe la incapacidad de la responsable de Deporte para elaborar un pliego de condiciones para sacar a concurso la limpieza de las instalaciones, una cuestión que tiene paralizada la adjudicación de limpieza, hecho que perjudica directamente a los y las empleadas de la empresa Limpiasol”, criticaban los de Hamed.

Pese a que se ha hecho la encomienda a Tragsa para la limpieza de las instalaciones, no se ha garantizado con seguridad el cobro del salario de los empleados de Limpiasol por el trabajo que realizan.

La portavoz del PSOE, Elena Mateos, ha planteado que antes del cese de un contrato esté elaborado el próximo, para que una vez termine se le de continuidad con el siguiente y, así, evitar tener que recurrir a la vía judicial, como ocurre hasta ahora, lo que supone que el presupuesto inicial llegue a triplicarse.

Sin embargo, el PSOE lamenta que el Gobierno ha preferido no pronunciarse sobre esta propuesta que, para esta formación, supondría un ahorro de capital a la Ciudad, por lo que el PSOE entiende que aboga por continuar con su” política de despilfarro de gasto”.

Pese a la actitud del Ejecutivo local, la representante socialista ha mostrado su voto favorable a la ampliación del expediente de crédito. Un ejercicio, a juicio del PSOE, “de responsabilidad”, al entender la necesidad de afrontar esos gastos para poder abonar los contratos pendientes ya que, de lo contrario, “los perjudicados” serían los trabajadores. La ampliación contempla 341.226 euros destinados a gastos judiciales y 34.000 a intereses de deuda.