Precintado un local del Príncipe por ejercer como supuesta consigna ilegal

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estrechan el cerco sobre las consignas que operan sin licencia en el entorno del Tarajal.

Si el miércoles el Grupo Operativo Administrativo de la Policía Local (GOA) echaba el cierre de una de ellas en el mismo polígono industrial, ayer eran sus compañeros de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) los que en torno a las 16.30 colocaban el precinto a otro local sobre el que ahora pesa la acusación de servir de almacén a las mercancías de los porteadores sin ostentar los oportunos permisos que justifiquen la actividad. La segunda operación en sólo 48 horas coincide con una de las principales exigencias puestas sobre la mesa por los comerciantes del Tarajal en la reunión mantenida el lunes con la Ciudad para intentar reconducir el desorden que ha presidido la zona durante los últimos meses.
La UIR hacía sonar la alarma en torno a las 13:00. A esa hora, una de sus unidades sospechó del excesivo tránsito de mercancías en los bajos de una vivienda situada a los pies de Príncipe Alfonso, en el punto que hace años ocuparan las antiguas caracolas. Comenzaba así la operación de registro del local que derivaría, más de tres horas después, en una clausura que debía mantenerse, al menos, hasta la mañana del lunes. Sin embargo, los agentes descubrirían horas más tarde que el propietario había reabierto la nave ignorando sus órdenes, por lo que han interpuesto la correspondiente denuncia.
La Policía Local requirió la presencia de la Guardia Civil, que en torno a las 14:40 llegaría acompañada además por personal de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo. Sería, a partir de ese momento, quienes llevarían el peso de la investigación. En el interior del local, el propietario y los supuestos porteadores y comerciantes que habrían depositado allí sus mercancías durante el día anterior aguardaron para responder a las preguntas que les formulaban los funcionarios desplazados. Entre ellas, la principal trataba de esclarecer por qué se acumulaba tal cantidad de bultos en un mismo local sin contar con licencia para ejercer como almacén, las hipotéticas cantidades pagadas por los porteadores al propietario por su custodia y, no menos importante, qué mercancía disponía de factura o justificante de compra y cuál carecía de ella.
Pero no era el único resquicio legal por el que se preocuparon los técnicos de la Administración. Antes incluso de acceder al interior  del local, el personal de la Agencia Tributaria se interesó por la licencia de construcción del edificio, incluida la vivienda situada en la planta superior. “¿Licencia? No tenemos, como casi ninguno aquí y como hay muchos en el centro, pero sólo vienen a multarnos a nosotros”, se quejaba en voz alta el dueño. A partir de ahí, y durante horas, las indagaciones se centraron en la mercancía para intentar esclarecer su origen, la justificación legal de la transacción comercial y la identidad de sus propietarios. La Inspección de Trabajo trató también de esclarecer los posibles vínculos laborales irregulares entre las personas sorprendidas en el interior del local, a las que se tomaron los datos y se fotografió la documentación. En el registro se llegó incluso a comprobar el estado de los extintores por si se incumplía la normativa en materia de Riesgos Laborales. La Guardia Civil también trasladó a uno de los perros de la Unidad Cinológica para inspeccionar la mercancía acumulada.
A primera hora de la tarde, los agentes de la UIR precintaban la entrada principal del local y una segunda secundaria con la advertencia al propietario de que el acceso queda prohibido hasta el próximo lunes. Será entonces cuando los propietarios legales de los bultos tendrán que demostrar que cuentan con la documentación legal que les permita recuperarlos, salvo que la Agencia Tributaria disponga lo contrario. El informe que elabore este organismo servirá también de base para determinar las posibles sanciones que puedan recaer sobre los titulares del inmueble si se concluye que actuaba como consigna ilegal

"No tengo otra cosa. ¿Qué hago?"

Tras permanecer casi tres horas en el interior del local y responder a las preguntas de los funcionarios, los propietarios de las mercancías almacenadas  comenzaron a abandonarlo con la promesa, eso sí, de que con toda seguridad podrán recuperarlas el lunes. Hasta entonces, la inversión y la consiguiente ganancia quedan atrapadas al otro lado del precinto colocado por los agentes de la UIR. “Ahí dentro hay 30 cajas mías con 56 pijamas, y otros nueve sacos con otros 80 cada uno. Cada prenda me ha costado un euro y medio”, aseguraba uno de los afectados de forma directa por la intervención. “Llevo 27 años pasado mercancía, y este compañero lleva 17. Ha habido malas rachas, pero nunca hemos tenido tantos problemas como ahora. No sé qué quieren conseguir. No sé si de verdad lo quieren arreglar todo, hacer las cosas bien, pero yo lo único que sé es que mis bultos se quedan ahí dentro y mi dinero también. Yo no tengo otra cosa a la que dedicarme. ¿Qué quieren que haga?”, lamentaba.
Mientras justificaba su queja, otros compañeros exhibían los tickets de compra con los que esperan recuperar los productos adquiridos días atrás. “Nos han dicho que esto igual no sirve, que quieren facturas con más datos. A ver qué pasa. Usamos este local, como otros, porque compramos en las naves a los chinos y allí no nos guardan la mercancía porque no tienen sitio. Lo dejamos aquí la noche antes y por la mañana lo recogemos y lo llevamos hasta Marruecos. Pero hoy nos hemos encontrado con esto”, añadía otro.
A punto de concluir la actuación, un empresario aparecía a las puertas del local para intentar, con sus facturas, demostrar que otro de los afectados a los que se le habían intervenido bultos los había adquirido previamente en su almacén sin incurrir en ninguna ilegalidad. Uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria trató entonces de averiguar todos los datos necesarios para intenta desenredar el caso: la procedencia de la mercancía, en este caso Murcia; la identidad del intermediario aduanero, el coste de esa gestión, el precio total de la transacción, el sobrecoste para el comprador final, el desembolso en concepto de IPSI... Al final, la solución no varió: los productos quedaban decomisados hasta que el lunes se clarifique su procedencia legal, a quiénes pertenecen y su destino. “Lo mío son once cajas de pantunflas y pijamas”, insistía el propietario de la mercancía paralizada en el interior del local. “Está todo en regla, se lo vendí yo”, certificaba el comerciante.
Alrededor del local, los vecinos congregados se quejaban de que “la frontera da de comer a muchos y parece que se la quieren cargar”. “Yo saco unos 35 euros al día para ir tirando”, aseguraba un joven.