PP y PSOE consuman el golpe a los guardias civiles

Venceréis pero no convenceréis. Estas fueron las palabras de Unamuno a las autoridades franquistas en el inicio de la guerra civil. Y estas son las mismas que el colectivo de guardias civiles dirigen hoy a los diputados y diputadas socialistas y populares que con sus votos aprobaron ayer en el Congreso la prohibición del derecho de manifestación de los guardias civiles enmendando de esta forma la Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles aprobada hace ahora dos años y que si contemplaba este derecho.
El único argumento para cometer este atraco a los derechos civiles es la aplicación de la normativa de las Fuerzas Armadas a los miembros de la Guardia Civil. Significativamente no ha sido al revés puesto que podría haberse decidido trasladar este derecho reconocido a los guardias civiles a la recientemente aprobada Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas. Pero no ha sido así y con clara intención regresiva se ha perseguido cercenar este derecho fundamental a los militares y también a los guardias civiles.
De este modo una enmienda aparecida por la puerta de atrás se trasmuta  en toda una ley orgánica.
Sin debate, sin informes preceptivos de órganos colegiados, sin consultas, con quiebra radical de la legalidad constitucional. Nos referimos a que algunos ya denominada como LEYFANTASMAGC y de cuya existencia y tramitación da fe la página oficial del Congreso de los Diputados desde ayer por la tarde, de la manera siguiente:
IX Legislatura ( 2008-Actualidad )  
Proyecto de Ley Orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica .../..., de ... de ..., de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.  (121/000143)
Presentado el 21/07/2011, calificado el 21/07/2011
Autor: Congreso de los Diputados. Pleno
Tramitación seguida por la iniciativa: Concluido - (Aprobado sin modificaciones) desde 21/07/2011.
No encontramos en el Reglamento del Congreso de los Diputados fórmula alguna para su aprobación. Pero, a  pesar de ello, se consumó el acto liberticida. A pesar de que los grupos parlamentarios hicieron advertencia de la ilegalidad e inconstitucionalidad de tal proceder. A quién  beneficia todo esto; por qué saltárselo todo y por qué situar  a los guardias civiles, nuevamente,  en las cercanías de una situación más propia del año 1.940. Acaso, quieren que la Guardia Civil y sus miembros dejen de ser policías para volver a integrarse en el Ejército de Tierra.
Y hay que señalar que el derecho de manifestación ha sido ejercido ejemplarmente por los guardias civiles estos años. Con mesura y sentido común. Como un instrumento legítimo y responsable para hacer llegar a la opinión pública las aspiraciones profesionales y laborales de un colectivo de más de ochenta mil personas.
La Guardia Civil no forma, según dicta nuestra Constitución, parte de las Fuerzas Armadas. Y esta decisión política vulnera claramente este mandato constitucional.
Pueden estar seguros que no nos resignaremos a este injustificable recorte de nuestros derechos civiles. El conflicto está abierto y en todos los frentes.
AUGC no puede ni va a permanecer impasible antes estas gravísimas situaciones. Cumplirá con  sus obligaciones en defensa del Estado de Derecho, de la propia Democracia, ayer vapuleada, y velará por los legítimos derechos de los guardias civiles. Anunciamos hoy la puesta en marcha de varias iniciativas jurídicas. La primera y más evidente es la petición al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. A esta petición se podrían sumar los diputados de los grupos que ayer votaron en contra.
Otras iniciativas, en fase de análisis y de estudio jurídico, tratan de valorar qué supone saltarse la legalidad constitucional y qué consecuencias puede tener ello ante una situación jamás acontecida y qué responsabilidad alcanza a quienes votaron a favor.
Además,  los guardias civiles, que no renuncian a su plena ciudadanía, ejercerán sus derechos, entre otros y de manera especialísima, el derecho fundamental de reunión en los próximos meses.-
El día 21 de julio de 2.011 pasará a la historia de España como el día en que se asestó un duro golpe al sistema democrático, al estado de Derecho y a los derechos de los miles de mujeres y hombre que conforman la Guardia Civil.
Lo nunca visto. Una enmienda aparecida por la puerta de atrás,  se trasmuta  en toda una ley orgánica. Sin debate, sin informes preceptivos de órganos colegiados, sin consultas, con quiebra radical de la legalidad constitucional. Nos referimos a que algunos ya denominan como “LEYFANTASMAGC” y de cuya existencia y tramitación da fe la página oficial del Congreso de los Diputados desde ayer por la tarde, de la manera siguiente:
IX Legislatura (2008-Actualidad)  
Proyecto de Ley Orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica .../..., de ... de ..., de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.  (121/000143)
Presentado el 21/07/2011, calificado el 21/07/2011
Autor: Congreso de los Diputados. Pleno
Tramitación seguida por la iniciativa: Concluido - (Aprobado sin modificaciones) desde 21/07/2011 
No encontramos en el Reglamento del Congreso de los Diputados fórmula alguna para su aprobación. Pero, a  pesar de ello, se consumó el acto liberticida. A pesar de que los grupos parlamentarios hicieron advertencia de la ilegalidad e inconstitucionalidad de tal proceder. A quién  beneficia todo esto; por qué saltárselo todo y por qué situar  a los guardias civiles, nuevamente,  en las cercanías de una situación más propia del año 1.940. Acaso, quieren que la Guardia Civil y sus miembros dejen de ser policías para volver a integrarse en el Ejército de Tierra.
AUGC no puede ni va a permanecer impasible antes estas gravísimas situaciones. Cumplirá con  sus obligaciones en defensa del Estado de Derecho, de la propia Democracia, ayer vapuleada, y velará por los legítimos derechos de los guardias civiles. Anunciamos hoy la puesta en marcha de varias iniciativas jurídicas. La primera y más evidente es la petición al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. A esta petición se podrían sumar los diputados de los grupos que ayer votaron en contra.
Otras iniciativas, en fase de análisis y de estudio jurídico, tratan de valorar qué supone saltarse la legalidad constitucional y qué consecuencias puede tener ello ante una situación jamás acontecida y qué responsabilidad alcanza a quienes votaron a favor.
Además,  los guardias civiles, que no renuncian a su plena ciudadanía, ejercerán sus derechos, entre otros y de manera especialísima, el derecho fundamental de reunión en los próximos meses.