PP y oposición discrepan sobre la ‘externalización’ de los grupos

El PP y la oposición discrepan sobre la fórmula que los de Juan Vivas pretenden incluir en la reforma del Reglamento de la Asamblea para externalizar el personal asesor con el que cuentan todos los grupos políticos y, de esa forma, aligerar la nómina de asesores de la Administración local, que actualmente incluye 25 nombrados por el Gobierno y cuatro (PP) o tres adscritos a cada uno de los partidos con representación institucional con independencia de su número de escaños (PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos).

Los Populares han propuesto a la Comisión encargada del estudio del cambio del Reglamento vigente incluir en el artículo 23, relativo a ‘los medios a disposición de los grupos políticos constituidos’, un epígrafe que aclare que con la “subvención para gastos de funcionamiento, compuesta por una cantidad fija por grupo, y una cantidad variable establecida en función del número de diputados que lo forme”, los grupos deberán “atender las necesidades materiales y personales” y acreditar su aplicación documentalmente “ante la Intervención de la Ciudad de Ceuta”.
La cantidad a transferir a los grupos incluiría todas las retribuciones brutas del personal a su cargo, que está formado por “un auxiliar administrativo y un asesor para cada grupo, otro auxiliar más a aquellos Grupos con más de ocho diputados” y un asesor de portavoz.
A juicio de la coalición Caballas este cambio distorsionaría el papel de este personal de confianza en el sentido de que los grupos políticos, que son los que forman parte de la institución, carecen de personalidad jurídica, con lo que deberían ser los partidos que los sustentan los que se hiciesen cargo de las contrataciones.
En ese caso, a los localistas les cabe la duda de si la Ciudad Autónoma no incurriría en una irregularidad al asumir ese tipo de financiación a partidos políticos y advierte de que podría abrir la puerta a “posibles utilizaciones fraudulentas” de las cantidades recibidas.

Dos Plenos
El PP y la oposición tampoco se han puesto de acuerdo hasta ahora en cómo dividir las Sesiones Plenarias ordinarias, actualmente una al mes, en dos. Los de Juan Vivas proponen que una se dedique a tratar exclusivamente “los asuntos que deban ser tratados en el Pleno a instancias del Gobierno de la Ciudad” y otra sea el marco para debatir y resolver “tanto las propuestas de los grupos políticos como las interpelaciones presentadas por los diputados de la Asamblea”.
Caballas apuesta, sin embargo, porque en un Pleno se discutan las propuestas de todos, tanto del Ejecutivo como de los grupos políticos, y en otro se aborden las cuestiones de control al Gobierno.
Sea como fuere, el PP pretende establecer que las Sesiones ordinarias se desarrollarán “en un horario comprendido entre las 9.00 horas y las 15.00 horas” y que llegado ese momento “se levantará la sesión y los asuntos que no hayan podido ser tratados se incluirán en el orden del día de la primera sesión ordinaria que se celebre según su tipología”. La Mesa rectora podrá, solo “excepcionalmente”, acordar la continuación de las Sesiones ordinarias “en horario de tarde”.

“Racionalizar” la duración de los Plenos y “disciplinar” los debates

El Gobierno y los grupos políticos aspiran con la reforma del Reglamento de la Asamblea a “acomodar la duración de estas sesiones a unos parámetros racionales”. Para ello se establecerán limitaciones en las propuestas de los grupos que puedan ser tratadas en cada Sesión Plenaria (hasta un máximo de 4 ó 3 sin poder superar, en cada caso, el número de diputados electos) y se “disciplinará” un sistema de debate que posibilite la participación “de los mismos en la defensa de sus propuestas”.
El PP propone que los debates arranquen con la intervención de un diputado proponente o del miembro del Consejo de Gobierno que formule la iniciativa con no más de diez minutos de margen.
Seguidamente, el presidente ofrecerá un turno de palabra de cinco minutos como máximo a los grupos políticos que así lo soliciten “a fin de manifiesten su posición sobre el acuerdo o propuesta”.
El debate finalizaría con la respuesta del miembro del Consejo de Gobierno con un tiempo máximo de cinco minutos. Además, el presidente podría conceder la palabra a los diputados que hayan sido discutidos en sus argumentaciones “por una sola vez y por un tiempo máximo de cinco minutos” con un turno de réplica al miembro del Consejo de Gobierno proponente con idéntica extensión.