El Pleno de la Asamblea ha aprobado este martes en Sesión Extraordinaria con los únicos votos a favor del PP y ninguna abstención el nuevo Reglamento de la Cámara autonómica, que sustituye al de 2015 con el objetivo de “incidir en el ‘aspecto autonomista’ que debe presidir la Asamblea de la Ciudad de Ceuta” dando cabida a “un complejo sistema de pesos y contrapesos que equilibren la agilidad de la acción política, por una parte, y la participación de todos los grupos políticos y el control del gobierno por otra”.
“Hemos intentado, sin vulnerar el Estatuto, estirarlo porque nos parece que es bueno para Ceuta y que se trata de una regulación lógica, normal, participativa y homologable”, ha resumido el portavoz del PP, que ha interpretado el no de toda la oposición como la prueba de que “las elecciones están muy cerca y nadie quiere compartir mesa y mantel con nosotros”.
Emilio Carreira ha destacado del texto, entre otras cosas, que introduce “los cauces para promover la participación de la ciudadanía en el proceso de adopción de las decisiones política relevantes” a través de la “iniciativa popular”, para lo que será necesario recabar el apoyo del 10% del censo electoral de los últimos comicios autonómicos, y de la presentación de propuestas ciudadanas, que deberán ir respaldadas por un mínimo de mil empadronados en la ciudad, cifras que al menos a Caballas le parecen demasiado elevadas.
La Disposición Adicional Primera del nuevo Reglamento deja claro que “en la organización y funcionamiento del Pleno de la Asamblea de Ceuta no será de aplicación lo dispuesto en la normativa básica de Régimen Local, integrándose las lagunas que pudieran surgir por acuerdos interpretativos de la Mesa Rectora”.
El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha afeado a los Populares que no hayan atendido más de seis de las 58 propuestas formuladas por los socialistas al borrador de trabajo, con el que cree que los de Vivas no consiguen dar “mayor claridad democrática y transparencia” a la institución, sino todo lo contrario.
Juan Luis Aróstegui (Caballas) ha advertido directamente que no piensa cumplir una nueva norma “injusta” que, según ha puesto de relieve, “exigirá 24 horas de preaviso por correo para consultar cualquier expediente, supongo que para que puedan esconderlos, tirarlos por la ventana o falsificarlos”. También se ha quejado de que el PP se dé turnos y tiempos ilimitados para intervenir en lo debates o que se asegure tener “la última palabra siempre”.
La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha avanzado que llevará al TSJA el nuevo Reglamento, como ya hizo con el anterior, porque está segura de que se trata de un “nuevo fraude de ley” que refleja el “nulo respeto” del PP hacia el Estatuto de Autonomía. “Cierran las puertas de este Pleno a la ciudadanía y no sé por qué, qué miedo tienen a que cualquier ceutí pueda venir a preguntarles qué hacemos, pero prefieren esconderse tras sus cargos y escaños”, ha denunciado la localista, que también atisba en el PP la voluntad de “blindar” su nómina de cargos de designación política, demasiado larga también para Ciudadanos.
El portavoz de Cs, Javier Varga, ha abundado en lo “excesivo” de haber usado ya tres Reglamentos en apenas una legislatura y ha lamentado la escasa voluntad del consenso que ha mostrado esta vez el PP. “Entiendo que las razones del cambio se centran solo en subrayar la capacidad de autoorganización”, ha resumido el diputado ‘naranja’, que ha lamentado no haber conseguido introducir una limitación en el número de mandatos del presidente ni la suspensión de funciones de los diputados acusados en procedimientos por prevaricación hasta que recaiga sentencia.
Carreira ha dicho no entender las críticas de la oposición y ha asegurado que es el Reglamento vigente el que lesiona los derechos de la mayoría al igualar su tiempo en el uso de la palabra con el de cada grupo de la oposición. “La Asamblea no es el Gobierno, tiene una función de control y de fiscalización”, ha separado el también consejero, que ve “garantizada” la participación política “porque creemos en ella”.
Tampoco ha admitido que se “recorten” derechos de la oposición exigiendo un aviso anticipado para revisar expedientes “para garantizar la salvaguarda de los funcionarios que custodian la documentación”.
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