El Pleno ha rechazado este martes una propuesta de
Ceuta Ya! que solo ha secundado el
MDyC para instar al Gobierno de
Vivas a constituir un Grupo de Trabajo con el de Melilla para, en el plazo máximo de tres meses, “consensuar el texto de una propuesta de
Ley de Financiación de las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla que sería aprobada por ambas Asambleas para su posterior remisión al Ejecutivo de la Nación instando a su tramitación ante las Cortes Generales. Los partidos de implantación nacional han coincidido en votar no. El
PP ha asegurado que seguirá trabajando para mejorar la financiación de la Ciudad, pero por otros caminos, fortaleciendo primero su argumentario para reclamar más fondos y primando “siempre el interés general de Ceuta sobre el partidista”. Según Mohamed Mustafa, convendría ser más ambiciosos y audaces y este sería un un momento idóneo para dar ese paso, ya que “todos los partidos políticos han planteado como un reto ineludible para esta legislatura alcanzar un pacto para reformular el modelo de financiación autonómica”. “Ceuta debe”, ha reivindicado, “hacer valer su derecho a participar de ese nuevo acuerdo y disponer de una norma que garantice la financiación necesaria para blindar el funcionamiento de nuestra institución, prestando los servicios con estándares de calidad equiparables al de otros territorios”. La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha “negado la mayor” sobre la ausencia de un marco legal que ampare la percepción de recursos como autonomía de Ceuta y ha recordado que en 2009, con Zapatero en La Moncloa, la Ciudad logró “doblar” los recursos que recibe anualmente del Estado con un voto a favor del nuevo sistema que contradijo el criterio general del PP a nivel nacional. “Creemos que en la Comisión Informativa de Hacienda podemos valorar todas las propuestas sin crear otro Grupo de Trabajo”, ha opinado la también portavoz del PP en la Asamblea, que ha priorizado “recuperar la bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, modificar el artículo 33 del Impuesto de Sociedades para bonificar cada puesto de trabajo que se cree en Ceuta o Melilla, convertir algunas subvenciones nominativas como la del agua en financiación propia o plasmar en una ley que todas las tasas e impuestos deben tener una rebaja del 50% en las ciudades autónomas”.
“No somos ninguna excepción”
Chandiramani ha remarcado que “nosotros no somos ninguna excepción, no somos un ayuntamiento porque tenemos más competencias y participamos del Consejo de Política Fiscal y Financiera con interlocución directa con los ministerios”. “Este año recibiremos más de 100 millones de euros del Estado”, ha resumido la titular de Hacienda. “¿Por qué no blindar Ceuta?”, ha interpelado el proponente a la consejera, que se ha preguntado a su vez cómo hacerlo con verdadera eficacia cuando el Ejecutivo de Sánchez ha, este mismo año, demostrado lo contrario al modificar vía Real Decreto “sin consultarnos” y en una decisión sin precedentes en casi dos siglos las bonificaciones vigentes a la Seguridad Social “aunque estuvieran en una ley”. El socialista Juan Gutiérrez ha coincidido en defender que las Ciudades Autónomas ya están consideradas en la legislación nacional de financiación, por lo que el
PSOE se ha desmarcado de la propuesta, a juicio de Ceuta Ya! con una única motivación: “Ponerse la chaqueta del partido”.
Vox ha justificado su voto en contra sin más análisis de la iniciativa en su origen “desde la ultraizquierda islamista y radical”. “Tratándose de un tema que afecta al conjunto de la Nación y a las relaciones de la Ciudad con el Estado, seguro que es oscura y negativa para los intereses de Ceuta”, ha advertido Redondo. “Mejor radical de izquierdas que templario trasnochado disfrazado”, le ha replicado Mustafa. Fatima Hamed (MDyC) se ha remontado a 2020 para recordar que entonces llevó al Pleno una propuesta para instar al Ejecutivo central a mantener todas sus transferencias a la Ciudad, que según ha afeado a Vivas todavía no ha ni cuantificado el coste que asume en “competencias impropias” (Educación, Sanidad, Servicios Sociales...) que debería cubrir el Estado, asunto sobre el que Servicios Tributarios está “terminando” un informe específico para fortalecer el argumentario institucional para sostener nuevas reivindicaciones de fondos.