El
PP y el
PSOE se han repartido en solitario los seis puestos que dependen de la Ciudad Autónoma en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Si hasta las últimas elecciones en esa media docena de sitios se daba cabida también al segundo grupo de la oposición, tras los comicios de mayo cuatro se han asignado a otras tantas personas ligadas al PP y los dos restantes a socialistas.
Los consejeros Mabel Deu, Kissy Chandiramani y Javier Guerrero y José Ramón Olmedo (subdirector de Procesa y ex asesor en la Delegación con el PP) ejercen ya como representantes de la Ciudad Autónoma. En la misma calidad pero “del municipio”, operan los diputados autonómicos socialistas José María Mas y Cristina Pérez, también vicepresidenta de la Mesa Rectora de la Asamblea.
Vivas ha presumido durante los últimos años de ser la excepción española en lo que a dar cabida a representantes de la oposición en el Consejo del Puerto se refiere. Hasta ahora el PP argumentaba que merecía cuatro de los seis sitios reseñados por su mayoría absoluta y dejaba los otros dos a los dos grupos principales de la oposición (desde 2015, al PSOE y Caballas).
Las Normas de Gestión y Funcionamiento Interno del Consejo que se sometieron a debate en diciembre del año pasado dicen, en lo tocante a su régimen económico, que “los miembros del Consejo de Administración, incluido su secretario, percibirán exclusivamente las dietas por asistencia personal y efectiva a las sesiones del Consejo aprobadas de conformidad con las directrices de Puertos del Estado”. Ascienden a 820 euros netos por cada reunión, de periodicidad bimensual aproximada.
Todo ello “dentro de las cuantías máximas establecidas para las sociedades estatales de tercera categoría” y “sin perjuicio de las limitaciones retributivas que se deriven de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades u otras restricciones o prohibiciones establecidas legalmente”.