Sólo con los votos a favor del grupo parlamentario popular salió adelante la aprobación del expediente de suplemento de crédito para cubrir el abono de las sentencias judiciales del Instituto Ceutí de Deportes (ICD), que se cifran en 800.000 euros, de los cuáles solo 100.000 corresponden al pago de intereses de demora.
El Gobierno ha propuesto sufragar estos gastos con el remanente de Tesorería, aunque esta solución no convenció a los grupos de la oposición que coincidieron en hablar de “falta de previsión”, según palabras del portavoz socialista, Manuel Hernández, o en la necesidad de “cambiar la actitud frente a los litigios”, tal y como apuntó el líder de Caballas, Mohamed Ali, quien abogó por una apostando por una “mayor dotación de los servicios jurídicos, actualmente infradotados”.
Hernández recordó que no era la primera vez que el Ejecutivo lleva al Pleno un expediente de estas características, hecho que achacó a una forma de actuar que “no se ciñe a la realidad de las cuentas”.
El socialista insistió en que solo el ICD tiene 38 demandas procedentes del Contencioso Administrativo y del Juzgado de lo Social. De ellas, 16 corresponden a Arasti Barca, por una cuantía de 3.615.000 euros.
Para Ali, el problema de las sentencias judiciales radica en la forma en que el Gobierno “afronta los litigios”, ya no solo al no existir suficiente consignación presupuestaria, sino también al acogerse a la máxima de “querer pleitearlo todo, lo que supone también el pago de costas y los intereses de demora”. Esto, añadió, “solo lleva a multiplicar los costes”.
También de “falta de previsión” y de “mala gestión” habló la portavoz de MDyC, Fatima Hamed, quien tildó de “inasumible” un coste que, de haberse planteado en una empresa privada “habría quebrado y todos estarían despedidos”.
En la misma línea se manifestó el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, recordando que el ICD únicamente tenía presupuestada la cantidad de 1.000 euros para hacer frente a sentencias judiciales y aludiendo a la falta de información relativa a las sentencias a las que se enfrenta la Ciudad.
El consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, urgió a MDyC y a Cs a apoyar a la Administración local en este tipo de asuntos y se manifestó a favor de “alcanzar acuerdos”, aunque matizando que “hay quien aprovecha estas sentencias para exigir más de lo que corresponde”.
Al PSOE, por otra parte, lo acusó de presentar una “argumentación ilegal” sobre las restricciones del Gobierno a presentar expedientes de modificación de crédito.
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