El
Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de
Presupuestos Generales del Estado de 2023 con el fin de incluir en él la ansiada modificación de la Ley de Sociedades que permita extender las bonificaciones existentes para las empresas que generen empleo de forma efectiva en Ceuta sin necesidad de que se trasladen o cierren aquí su ciclo mercantil completo. El
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, llevan tiempo defendiendo la necesidad de reformar el artículo 33 de esa norma sin respuesta efectiva por parte del Gobierno de Sánchez. Ahora en la votación de la iniciativa del PP en la Cámara alta el
PSOE se verá obligado a mostrar su posición al respecto. El objetivo es maximizar el potencial de desarrollo económico local que ya trajo consigo el tratamiento fiscal ventajoso aprobado en 2018 para el juego en línea. “Está resultando insuficiente para atraer a Ceuta y a Melilla a otros sectores no regulados”, advierte el PP, que considera que si prosperase su propuesta sería más probable la localización de empresas de servicios o de sus trabajadores en las ciudades autónomas. Ello “serviría de reclamo para que las actividades de servicios (y de forma singular las que tengan más facilidad para su deslocalización por poder prestarse por vía telemática o electrónica) puedan establecerse en Ceuta o Melilla y beneficiarse de un régimen suficientemente atractivo”. Con la Disposición adicional que los de Feijóo pretenden introducir en la Ley del Impuesto de Sociedades las empresas con al menos “un lugar fijo de negocios” en Ceuta o Melilla podrían tributar como rentas obtenidas en las ciudades autónomas “hasta un importe de cien mil euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones” en ellas. No se exigiría, sin embargo, la acreditación del cierre de un ciclo mercantil que determine resultados económicos. También se entenderían como obtenidas en Ceuta o Melilla “las rentas procedentes del comercio al por mayor cuando esta actividad se organice, dirija, contrate y facture a través de un lugar fijo de negocios situado en dichos territorios que cuente en los mismos con los medios materiales y personales necesarios para ello”. Además, durante los cuatro primeros periodos impositivos a partir del establecimiento de dicho lugar fijo de negocios en Ceuta o Melilla tendrían la consideración de rentas obtenidas en las ciudades autónomas “hasta un importe de 200.000 euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa” con un límite máximo total de hasta 8 trabajadores con independencia de la residencia del grupo de sociedades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.