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El PP instará al Pleno a animar al PSOE a pactar con Feijóo “acuerdos de Estado”

Los populares quieren buscar puntos en común "que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas" y "rechazar cualquier amnistía o indulto generalizado"

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Ceuta instará esta semana al Pleno a “animar a los dos partidos mayoritarios [PP y PSOE] a buscar acuerdos de Estado" con Feijóo "que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”, así como a “rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos cualquiera que sea su delito”.

A juicio de los de Vivas, “en una democracia europea consolidada como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.

Para el PP de Feijóo la amnistía de 1977 “era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura”.

“Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia, pero fueron rechazadas y el artículo 62 prohíbe indultos generales”, advierte.

Los ‘populares’ entienden que “el perdón debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general”, como entienden que planea hacer Sánchez con los involucrados en el “intento de insurrección de 2017 de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional”.

“Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero y desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos”, alude la iniciativa del PP a Puigdemont, que desde su punto de vista está reclamando a sánchez “una inconstitucionalidad flagrante”, un “atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”.

“El precio de la Presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. Un precio político inasumible”, concluye.

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