El Partido Popular de Ceuta ha lanzado duras críticas contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el Ministerio de Sanidad, al que acusan de “dejación e incompetencia” por mantener a la ciudad sin un servicio estable de psiquiatría pública infanto-juvenil durante meses.
Los senadores Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam Al Lal aseguran que la respuesta oficial del Gobierno a sus preguntas parlamentarias “confirma lo que los ceutíes ya sabían: la falta de planificación y el abandono de un área esencial como la salud mental de los menores”.
Según los parlamentarios populares, el propio Ejecutivo admite que Ceuta ha pasado largos periodos sin psiquiatras en activo en el sistema público, intentando justificarlo con argumentos “coyunturales” e “imprevisibles”.
Los senadores han cuestionado la versión oficial del Gobierno, que asegura que la atención psiquiátrica a menores “no se ha visto interrumpida en ningún momento”.
Para el PP, esta afirmación es “una falacia administrativa”, ya que, según subrayan, los menores han sido derivados fuera del circuito público ordinario, sufriendo cambios de profesional y pérdida de continuidad asistencial.
“Derivar no es garantizar la atención; es reconocer que el servicio público no podía prestarse con medios propios”, han enfatizado Díaz y Abdeselam.
El documento remitido por el Gobierno al Senado reconoce que al menos 99 expedientes de pacientes infanto-juveniles fueron reprogramados mediante derivación hasta el 13 de octubre de 2025. Sin embargo, no aporta datos posteriores ni aclara si estas derivaciones han continuado desde entonces.
Para los senadores, esta falta de información demuestra “una preocupante falta de transparencia del Ingesa”, que —afirman— “se limita a ofrecer cifras cerradas para evitar mostrar la magnitud del problema actual”.
Ante esta situación, el Partido Popular ha registrado una nueva pregunta parlamentaria para exigir al Ejecutivo datos actualizados.
Los senadores quieren saber cuántos menores han seguido siendo derivados desde el 14 de octubre de 2025 hasta la actualidad, cuántos han tenido que recibir atención fuera de Ceuta y cuántos han cambiado de profesional por falta de continuidad asistencial.
“Si el Gobierno solo facilita datos hasta una fecha concreta y guarda silencio sobre lo ocurrido después, es porque no quiere o no puede explicar la dimensión real del problema”, han advertido.
Los parlamentarios insisten en que la ausencia de psiquiatras en la ciudad no es un hecho puntual, sino “una consecuencia directa de la falta de previsión y de la incapacidad del Ingesa para garantizar sustituciones y continuidad en los servicios públicos”.
El PP considera especialmente grave que el Ejecutivo haya llegado a sostener que “no es preciso disponer de psiquiatras infanto-juveniles”, una afirmación que —según Díaz y Abdeselam— “minimiza la importancia de la salud mental de los menores y contradice la propia planificación del Ingesa”.
“Si no eran necesarios, ¿por qué el propio Ingesa reconoce que habitualmente se asignan dos psiquiatras a esta atención? Lo que ha quedado demostrado es que, cuando esos profesionales faltaron, no existía ningún plan eficaz de sustitución”, han declarado los senadores.
Los parlamentarios populares también reprochan al Ministerio que no concrete fechas, contratos ni perfiles de los especialistas prometidos, limitándose a mencionar “una planificación de recursos humanos” que consideran insuficiente. “No hay compromisos verificables ni garantías de que esta situación no vuelva a repetirse”, han insistido.
Díaz y Abdeselam recuerdan que la sanidad en Ceuta es competencia directa del Estado, por lo que —afirman— el Gobierno “no puede escudarse en conceptos como el ‘SNS en red’ para justificar su dependencia de conciertos o apoyos externos”.
“Eso no es coordinación sanitaria: es la prueba de que el Ingesa no ha sabido planificar ni proteger un servicio esencial”, han recalcado.
Los senadores también señalan que la falta de psiquiatras ha obligado a recurrir a externalizaciones y derivaciones continuas, una práctica que consideran “costosa, ineficaz y deshumanizadora”.
Desde el Partido Popular exigen al Gobierno de España que “abandone el maquillaje político y adopte medidas estructurales reales” para dotar a Ceuta de un dispositivo público estable de psiquiatría infanto-juvenil, con profesionales suficientes y presencia efectiva en la ciudad.
“Los menores de Ceuta no pueden seguir siendo las víctimas silenciosas de la incompetencia del Ministerio de Sanidad. Hace falta una solución permanente, no más parches ni derivaciones”, han concluido.
Con esta denuncia, el PP pretende mantener la presión institucional sobre el Ingesa y situar la salud mental infantil como una prioridad en la agenda política ceutí. Los populares insisten en que la atención pública debe ser continua, accesible y garantizada por el Estado, sin depender de derivaciones externas que rompan el vínculo entre profesionales, pacientes y familias.
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