Hasta en media docena de veces, desde que en febrero de este año entrara en prisión provisional, Antonio López ha chocado de bruces con una realidad innegable: su libertad negada. Tanto el juzgado de instrucción que lleva el ‘Caso Emvicesa’ como el tribunal de la Audiencia han desestimado las incansables peticiones cursadas por su Defensa, reclamando que el exgerente de Emvicesa pueda dejar la celda y su condición de preso.
El último auto notificado por la magistrada Raquel Lucini y notificado a las partes, refleja de forma invariable cuál es la postura que mantiene la Justicia ante esta macrocausa. Una postura que no varía, que se sustenta básicamente en los mismos razonamientos y que rechaza, en todas las instancias, la puesta en libertad del que la UDYCO señala como el presunto cabeza de una estructura piramidal delictiva que se nutrió de las irregularidades en torno a la compra y venta de viviendas de promoción pública.
En el último auto, notificado muy pocos días después de que la Audiencia rechazara la libertad de López, se vuelve a insistir en que, “dado lo avanzado de la instrucción, junto con la concurrencia de indicios, han de ser manejados el peligro de fuga y posible ocultación por las penas que en su día pudieran imponerse”, expone Lucini.
“En el presente caso”, añade, “concurren una serie de particularidades especiales. De una parte existen medidas investigadoras que han puesto de manifiesto la participación más que indiciaria del investigado en el delito de prevaricación, malversación de caudal público, organización criminal cohecho, falsedad, tráfico de influencias, lo que dio lugar a que se acordara la prisión provisional por los motivos contenidos en el auto” inicial.
Motivos que no eran otros que garantizar su presencia en el proceso así como evitar que se puedan hacer desaparecer los efectos del delito y pruebas de comisión.
La Defensa de quien fuera uno de los pesos pesados en materia de vivienda en nuestra ciudad presentó como aval, para justificar la libertad de su patrocinado, el 50% de una vivienda compartida con su hermana, después de que la Audiencia indicara la necesidad de concretar con qué avales podía contar López a la hora de reclamar una libertad bajo fianza, como la que se impuso para el presunto intermediario, el policía portuario.
La propia magistrada destaca en el auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, que la mitad de la propiedad del investigado está intervenida por la causa judicial, sin que se sepa si la otra mitad es propiedad de la hermana de López sin carga alguna o en qué régimen la tiene.
La Justicia sigue aferrándose a la existencia de riesgo de fuga y a la necesidad de evitar la destrucción de fuentes de prueba en una causa cuya instrucción no ha terminado, existiendo “importantísimos indicios”.
La instrucción del caso Emvicesa no solo no está conclusa sino que además se ha abierto una nueva pieza para investigar el presunto tráfico de influencias en el que habrían incurrido varias personas, tras el análisis del contenido del informe ampliatorio presentado por la UDYCO en el juzgado.
Mañana, lunes 18 de diciembre, está previsto que el propio López declare ante la magistrada Lucini para explicarle por qué tenía tantas tarjetas de recomendación iguales, con mensajes prácticamente idénticos y para que responda por qué recibió varios mensajes vía WhatsApp con números de DNI y nombres, que hacen pensar en una posible petición de favores para beneficiarse de la entrega de casas.
López será trasladado al Palacio de Justicia, a donde acudirán, a partir de las 10.00 horas, distintas personas para responder si pidieron del exgerente algún trato de favor.
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