El Consejo de Ministros ha dado luz verde al reparto de menores inmigrantes, lo que vendrá a poner orden en un ámbito en el que han aflorado las peores presiones políticas.
Este asunto se ha abordado de la manera más caprichosa y egoísta por parte de las distintas comunidades autónomas, como si la inmigración fuera un problema exclusivo de Ceuta y Canarias -los territorios más afectados por la presión- obviando que es un asunto no solo de competencia nacional, sino también europea.
Ceuta no puede convertirse en una especie de centro de retención de menores, en un lugar sometido a vaivenes políticos o controles ejercidos, con mayor o menor celo, desde el vecino país de Marruecos en sus fronteras.
Ahora, prácticamente lo es, y eso lleva a problemas como el ocurrido recientemente en el recurso de acogida de La Fuente, a los que se añaden otros episodios previos asociados a climas tensionados por la masificación.
Hay una directriz del Gobierno central que se debe cumplir, por una vez se ha abordado un protocolo para tratar este asunto con solidaridad. Ya hay comunidades que han amenazado con acudir a los tribunales buscando bloquear un acuerdo que pretende ser claro, adecuado y sobre todo responsable con la capacidad de los territorios. El Gobierno de España ha entendido perfectamente la situación de Ceuta, no así muchas comunidades que llevan ralentizando la situación.
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