Categorías: Opinión

Policías y derechos humanos en Marruecos y España

Creo que sucedió allá por 1981 ó 1984, cuando el encarecimiento del pan en Marruecos dio lugar en cada uno de esos años a sendas manifestaciones de protesta en Casablanca que, si bien comenzaron siendo pacíficas, luego, debido a la actuación de la Gendarmería marroquí, se contabilizaron varios centenares de muertos. Y recuerdo haber visto por entonces una viñeta en un periódico que humorísticamente hacía alusión a tales sucesos, presentando dos versiones diametralmente opuestas en materia de derechos humanos: En la primera versión, se aludía a la mentalidad europea que, horrorizada por tales sucesos sangrientos, daba con ello pie al autor de la viñeta para formular la siguiente premisa: “¡En Marruecos hay que ponerle una vela a los derechos humanos!”, significando que se debía acudir en defensa y apoyo de tales derechos fundamentales. Y luego debajo figuraba la segunda versión, que era la que el autor imaginaba que darían las autoridades marroquíes de aquella alevosa represión, lo que le llevaba a hacer juego con las mismas palabras para componer la siguiente parodia: “¡En Marruecos hay que poner a todos los humanos más derechos que una vela!”.
Ciertamente, aquella fue la época que vino en llamarse de “plomo” en el vecino país, de la que las actuales autoridades marroquíes para nada son responsables. Y, si de ser justo se trata, hay que reconocer que la situación de los derechos humanos en Marruecos ha mejorado bastante desde el acceso a la corona del actual monarca. Pero, aun así, todavía hoy saltan a la vista ciertos brotes negros, quizá como reminiscencia de aquella vieja imagen humorística representativa del concepto que del país vecino entonces se tenía de los derechos humanos, que si bien ha evolucionado a bastante a mejor, algo queda todavía. Por sólo citar varios casos, en septiembre de 2007 volvió a producirse otra especie de intifada contra el encarecimiento del pan en la ciudad de Sefrú (Casablanca), que fue reprimida violentamente con 36 detenidos y numerosos heridos; y en junio de 2008 volvió a surgir por el mismo motivo otra manifestación pacífica de protesta contra la que la Policía marroquí cargó de nuevo violentamente y, según la agencia Al Yazira, hubo nueve muertos, numerosos heridos y detenidos. Ello hace que la imagen que aun se tiene en cualquier país libre y civilizado es que los derechos humanos en Marruecos todavía no han acabado de fraguar. Y si alguien no lo creyera así, debería leerse la amplia relación de derechos humanos violados que refiere el reciente informe del Departamento de Estado de los EE.UU., que aquí los omito para no herir sensibilidades, o los que también denuncian otros informes de Amnistía Internacional, numerosas ONGs e incluso la Asociación marroquí AMHD.
Pero capítulo aparte creo que merece la mención a tales derechos en dos casos que son tan notorios como dignos de la mayor compasión humanitaria. Uno, el de los niños abandonados en Marruecos, donde en ocasiones son expulsados de sus hogares y obligados a emigrar a España, con la aquiescencia o mirada indiferente de las propias autoridades marroquíes y su Policía. Ahí están los cientos de niños acogidos y humanitariamente atendidos en Centros de Ceuta, Melilla y resto de España, y que cuando la Policía española pretende entregarlos a la marroquí para ponerlos bajo la tutela del país del que tienen su nacionalidad, éste se niega y se desentiende endosándole a España un problema que trae causa de Marruecos. Y ello, pese a que el Principio nº 6 de los Derechos del Niño, ratificado en 1993 por Marruecos, declara que, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el niño necesita amor y comprensión bajo la guarda de sus padres, sin separarse de éstos. El Principio nº 7, que el interés del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación, que incumbe, en primer lugar, a sus padres. Y el Principio nº 8, que el niño debe ser el primero en recibir protección y socorro. Y, se quiera o no reconocer, un país que rechaza y se niega a hacerse cargo de sus niños nacionales abandonados, pese a los especiales cuidados y educación que a tan tierna edad necesitan de una sociedad de la que están llamados a ser la esperanza del mañana, pues se descalifica por sí mismo ante el mundo humanitario y civilizado. Y el otro caso espeluznante se tiene en el control por la Policía marroquí de miles y miles de porteadores fronterizos que, como no existe aduana comercial, a diario entran y salen de Ceuta por la frontera del Tarajal viéndose cómo numerosas mujeres embarazadas y cargadas con grandes bultos que les doblegan casi hasta el suelo, son obligadas en condiciones infrahumanas a subir exhaustas campo a través por abruptos senderos, y los gendarmes empujándolas y obligándolas a mantenerse cargadas y a pie parado en condiciones infrahumanas. ¿Es que no hay ninguna autoridad marroquí que lo vea y se apiade de esas pobres mujeres que parecen estar en un país tercermundista?.
Sin embargo, a la vista de los últimos sucesos sobre todo de Melilla, pero que también algo se han hecho derivar hacia Ceuta, parece como si Marruecos se hubiese disfrazado de país humanitario y se haya ahora vuelto tan enternecido con los derechos humanos que hasta pretende dar lecciones a España y sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en asuntos humanitarios, ignorándose si esta nueva de sus orquestadas serpientes de verano a las que nos tiene ya acostumbrados se debe, o bien a razones de problemas internos, o porque se hayan gastado ya los 520 millones de euros, más los cientos de vehículos nuevos todo terreno que últimamente le fueron regalados por España para la mejor vigilancia de la inmigración y el narcotráfico (rehusada su recepción por Ceuta para que le fueran entregados a la carta en Tánger), o simplemente se debe a que presionar como sea contra España siempre le sale sustancioso, ya que en el B.O.E. del pasado día 17 acaba de obtener otros 971.872 euros para ayudas. Y va ahora el vecino país y no se le ocurre otra proeza que la de presentarse como Estado salvador y garante de los derechos humanos, y se permite culpar y denunciar irresponsablemente a España y a sus Fuerzas de Seguridad, precisamente, de lo que dicho país y su Policía en muchos casos todavía practican.
Pues sépase, que tanto la Policía como la Guardia Civil españolas son Cuerpos ejemplares y beneméritos, de prestigio reconocido a nivel europeo e internacional, sometidos a control parlamentario y a mandato constitucional, sujetos a un Estado de derecho donde existe plena libertad de opinión y de expresión, donde la soberanía emana del pueblo, que está integrado por ciudadanos libres. Tales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españoles tienen más que probada su formación democrática, su eficiencia y prestigio ganados a pulso en foros policiales internacionales; trabajan con gran profesionalidad y decoro actuarial, sabiendo defender y respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos, incluidos los extranjeros. De hecho, a diario atienden humanitariamente a cientos de inmigrantes en muchos casos para salvarles la vida, incluso poniendo en grave riesgo la suya propia en tantos naufragios de pateras, todas salidas de Marruecos. Y se rigen por la Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que desarrolla la Constitución sobre la materia, y que en su artículo 5 dispone el absoluto sometimiento de la Policía y Guardia Civil al mandato constitucional y al resto del ordenamiento jurídico; su neutralidad política e imparcialidad sin discriminación por razón de raza, religión u opinión, debiéndose abstener de todo acto de corrupción, impidiendo cualquier práctica abusiva o arbitraria que entrañe violencia física o moral; su trato debe ser correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, están obligados a respetar la dignidad y el honor de las personas. Y el artículo 11 les asigna la principal misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, velar por el cumplimiento de las leyes y la seguridad de las personas. Y a esa tan noble y humanitaria causa policial española, quien escribe, se adhiere particularmente de la forma más solidaria.
Pero, eso sí, dentro del contrapeso de obligaciones y facultades, tienen el ineludible deber de actuar con decisión para perseguir los delitos y a los delincuentes, ya sea por narcotráfico, mafias del tráfico inmigratorio, delitos contra las personas, etc. A tales efectos, tienen encomendados el control y vigilancia sobre fronteras, puertos, aeropuertos, aduanas, entrada y salida de españoles y extranjeros en España, inmigración ilegal, etc. Como tales agentes de la autoridad que son, en el ejercicio de sus funciones están facultados para identificar a las personas, su reconocimiento policial y hacer cumplir las leyes. Y todos tenemos el deber de someternos a tales controles, máxime cuando se trate de ciudadanos de otro país extranjero que pretendan pasar en muchos casos ilegalmente a España y conseguirlo por la fuerza, creando para ello altercados y situaciones conflictivas buscadas de propósito por el simple hecho de que se les pida la documentación, para forzar así las entradas tumultuosas en las que poder sustraerse a tales controles, en bastantes ocasiones a costa de vejar de forma machista a las mujeres policías españolas, como se ha visto, exhibiendo pancartas manipuladas con imágenes superpuestas, incluso oponiéndoles resistencia y a veces hasta agrediéndolas e insultándolas. En tales casos, resulta de todo punto lógico y razonable que tales Agentes intenten restablecer el orden perturbado o los desacatos cometidos. Y eso es lo que aisladamente ha podido suceder en una ínfima proporción respecto de los miles de porteadores, fronterizos e inmigrantes ilegales que a diario entran y salen de Ceuta y Melilla.
A esos impulsivos transeúntes fronterizos, lo que hay que hacer es enseñarles a comportarse de forma civilizada y democrática, que es como generalmente se comportan los musulmanes con nacionalidad española de Ceuta y Melilla, en lugar de jalearles desde arriba o tolerar con la pasividad de su Policía conductas provocativas de todo punto impropias de países vecinos, serios y civilizados que mutuamente se necesitan y que de sus relaciones amistosas sólo beneficios pueden reportar a ambas partes. A ver si es posible que así sea.

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