Dos policías acusados de violar a una joven evitan la cárcel a cambio de un curso de educación sexual.
El titular parece salido de una película de ciencia ficción, porque si desmoralizante e increíble es que dos policías locales de servicio abusen de una joven prevaleciéndose de su condición de policía; lo es más aún, que dos sujetos de esta catadura moral eviten la cárcel a cambio de un curso de educación sexual. Ciencia Ficción -con mayúscula- porque la presencia de la Policía debe ser garantía de seguridad, un pronóstico feliz para el afligido, como dice el reglamento de la Guardia Civil y nunca, como en este caso, la aparición de dos monstruos capaces de abusar de una joven de 18 años.
Ciencia Ficción -con mayúscula- cuando hemos pasado de una petición de la Fiscalía de 30 años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual; tres más pedía la acusación particular, porque habían obligado a la joven a consumir cocaína contra su voluntad a la sorprendente condena de dos años de prisión por un delito de abuso, al abono de 80.000 euros y a la obligación de someterse a un programa de educación sexual. Una condena que ha sido pactada entre las partes.
Sin lugar a duda, la condena está sujeta a la legalidad vigente, pero cuando las leyes chirrían y generan desconfianza en el sistema, desasosiego y crispación en la sociedad, deben cambiarse para proteger a las víctimas y a la sociedad de sujetos tan repugnantes. Leyes que eviten que funcionarios que consumen drogas puedan portar en su cintura una pistola y en su cartera una placa de Policía. Leyes que eviten que las mujeres tengan que someterse a juicios paralelos en una sociedad donde todavía quedan sujetos y colectivos que cuestionan a las víctimas en lugar de repudiar a los agresores.
Leerse solo el titular, sin importarles nada más y comenzar a realizar valoraciones temerarias contra las víctimas es la razón de ser de los que, englobados en un discurso antifeminista, cuestionan las políticas educativas para prevenir la violencia de género, desde el maltrato verbal y físico a las agresiones sexuales o violaciones. Son defensores de la España de la pandereta, de aquella España que sufría y callaba.
“Léanse las noticias, no solo el titular. Lean las sentencias y métanse sus teléfonos móviles en el bolsillo, porque ustedes no son antifeministas, son otra cosa peor; otra cosa peor que también tiene nombre”
La familia de la víctima ha tenido que salir a dar explicaciones ante el linchamiento mediático, reos de un juicio paralelo, donde los que no han sufrido este calvario cuestionan los motivos de llegar a un acuerdo. El entorno familiar ha dejado claro que buscaban lo mejor para la joven, evitar recordar una pesadilla y someterse a un duro y extenuante proceso judicial. Esas son sus razones, pero además han sido generosos con la sociedad, porque el acuerdo no se limita a cambiar el ingreso en prisión por un curso de reeducación sexual, va mucho más allá, entre otras cosas, no podrán trabajar con menores o adolescentes, ni en la función pública.
La víctima y su familia se han preocupado en proteger a la sociedad evitando que estos sujetos puedan trabajar con menores, adolescentes y en la función pública. Ahora tendríamos que preguntarnos: ¿La sociedad se ha preocupado en protegerlos? Protegerlos de juicios paralelos; protegerlos de tener que pasar por el horror de recordar delante de un tribunal lo que sufrió en ese fatídico día. Protegerlos de una sociedad capaz de cuestionar una decisión personal de ese calibre.
Léanse las noticias, no solo el titular. Lean las sentencias y métanse sus teléfonos móviles en el bolsillo, porque ustedes no son antifeministas, son otra cosa peor; otra cosa peor que también tiene nombre.
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