Las órdenes fueron claras: la Policía Local tenía la encomienda de vigilar la casa del Príncipe donde residía una ceutí que había dado positivo por
coronavirus pero que se saltó el aislamiento obligatorio por parte de Sanidad. Siguiendo una directriz de la Justicia, los agentes tenían que estar a la puerta del domicilio para evitar la salida de esta joven. Además días más tarde también obligaron a su padre a realizar un confinamiento obligatorio que no cumplía, así que la orden de control se extendió a estas dos personas. Hasta ahí, todo correcto. Pero lo que no se ha contado es cómo la Policía tuvo que hacer esa vigilancia.
Fuentes consultadas por esta redacción indican que no ha sido tan fácil como de primera mano se ha pintado. El problema residía en que a los agentes que están teniendo que custodiar ese domicilio, porque todavía no se ha levantado la orden a pesar de que ya la chica está ya curada, no han tenido durante este tiempo ni una fotografía, ni se le ha facilitado una documentación de las personas que tenían que vigilar. Es decir, se mantenían ante una puerta sin saber de verdad a qué personas tenían que controlar porque ni las reconocían físicamente. Una situación esperpéntica pero que han tenido que vivir día a día estos agentes, mientras que a la ciudadanía se le detallaba la existencia de un control con todo lujo de detalles. No, no fue así.
Además otro de los problemas que se encontraron los agentes es que el domicilio de esta familia cuenta con más de una puerta y los policías estaban colocados solo ante la principal. Si ya era un hándicap tener que vigilar a dos personas de un domicilio, que ni siquiera sabían quiénes eran, este se multiplicaba cuando podían salir y entrar por otra puerta sin que los agentes pudieran hacer algo al respecto.
En definitiva, la Ciudad impuso una denuncia para poner una solución a las continuos saltos de confinamiento de estas personas, pero a la Policía no se les dio las indicaciones necesarias para que estos agentes pudieran hacer que cumpliera la ley. Una medida que aún sigue vigente al no haberse levantado la orden judicial dictada al respecto.