La Audiencia de Ceuta ha acogido este miércoles una comparecencia para determinar las medidas cautelares que se van a adoptar respecto del policía local Alonso G.D., cuya condena por el asesinato de su mujer, Mª Ángeles Lozano, fue anulada por el TSJA, órgano que además dictaminó la repetición de la vista, que tendrá lugar el 7 de abril.
El magistrado ponente será Luis de Diego Alegre y a él le corresponderá dictaminar las medidas para asegurar la presencia del agente de la Policía Local en las sesiones de juicio que se han señalado.
Alonso G.D., que sigue en prisión preventiva, ha sido conducido por la Policía Nacional hasta la Audiencia. En días, en concreto el 14, cumple el máximo de tiempo privado de libertad por lo que tendrá que resolverse su situación personal.
El policía quedará libre. Solo falta por concretar si será el día 13 como ha solicitado su letrada o el 14.
El TSJA declaró la nulidad del acta del veredicto, así como la condena de 35 años y medio de cárcel que dictó la Audiencia, atendiendo a la resolución del Jurado.
Por eso, pasadas las 12:30 horas ha comenzado la comparecencia para determinar cómo queda la situación de este agente.
La Fiscalía ha hecho mención a que esa libertad debe ser condicionada a la prohibición de acercarse a los dos hijos que tuvo con la fallecida. También a la entrega de pasaporte, a la prohibición de estar en Ceuta salvo los días de juicio, así como la firma diaria en la comisaría de la localidad donde esté.
La Acusación Particular, atendiendo a esa obligatoriedad de puesta en libertad ante el máximo de prisión preventiva cumplida, ha insistido en la necesidad de medidas cautelares para garantizar su asistencia a juicio, evitar su fuga y proteger a las víctimas de todo esto: sus hijos.
El letrado que defiende los intereses de la familia de la víctima, Javier Cabillas, entiende que se le debe retirar el pasaporte, dictar prohibición de salida del territorio nacional, que lleve a cabo comparecencia cada vez que sea requerido y firma en la comisaría de la localidad donde esté.
Ha pedido una orden de protección para la madre de la difunta, su hermana, sus hijos y el cuñado que es el guardador de hecho de los niños. Esa orden debe ser tanto de aproximación -no puede estar a menos de 200 metros- y de comunicación directa o indirecta.
También ha solicitado la prohibición de residencia en Ceuta para salvaguardar la protección de las víctimas que existen en este procedimiento, sobre todo al existir el precedente del juicio anterior y las especiales características de la ciudad. Es una forma de proteger a las víctimas antes del juicio.
Cabillas ha aportado un informe de la psicóloga que trata a la hija del agente, que fue testigo de los hechos, y que ha recogido que esta situación le está influyendo tanto por la repetición de la vista como la puesta en libertad.
La letrada Inmaculada Guil, abogada del policía, ha recordado que su patrocinado debería salir el 13 de marzo ya que en ese periodo de privación de libertad que ha cumplido hubo año bisiesto. Está de acuerdo en que el acusado resida fuera.
Cuando venga a Ceuta para la celebración del juicio, ha pedido que pueda vivir en casa de su madre que reside cerca de sus hijos. Por eso mismo, ha solicitado establecer las distancias entre domicilios para que pueda estar ahí.
Está de acuerdo con la retirada del pasaporte, las comparecencias dos o tres semanales y la prohibición de acercamiento respecto de sus hijos, pero no de otros familiares.
En abril tendrán que volver a repetirse declaraciones de testigos, así como llevarse a cabo examen de pruebas y nuevos debates en torno a un suceso que terminó con la vida de Mª Ángeles Lozano, trabajadora de los juzgados de nuestra ciudad.
El TSJA no consideró probado ninguno de los hechos considerados como tales en la sentencia apelada, asomando varias cuestiones objeto de debate, entre ellas la afectación mental del acusado, cómo se produjeron los disparos o la agravante de género.
De hecho, mantuvo que el Jurado solo enumeró de forma general las pruebas practicadas en el juicio, pero sin explicar en concreto las que le llevaron a dar por probados unos hechos y otros no.
Teniendo sobre la mesa varias hipótesis posibles sobre cómo se produjeron los disparos que causaron la muerte a Mª Ángeles Lozano: desde un disparo intencionado, hasta uno accidental durante un forcejeo, pasando por la posibilidad de dolo eventual o incluso de intervención de la hija del matrimonio, no se concretó por qué se aceptaba una versión sobre otra.
El crimen se produjo en marzo de 2022 en la barriada Parques de Ceuta, en el domicilio familiar.
Allí tuvo lugar la muerte a disparos de la trabajadora de los juzgados y de allí, la propia Policía sacaba al agente de la Policía Local en calidad de detenido, ingresando poco después en prisión preventiva.
Cuando los agentes lo trasladaron detenido de la vivienda iba vestido de policía local, ya que poco antes del suceso había abandonado su puesto de trabajo en el mercado de San José.
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