El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dejó visto para sentencia el caso seguido por un quebrantamiento que tiene como acusada a una agente de la Policía Local. La detuvo la Guardia Civil en la frontera, al constatar que accedía a la ciudad procedente de Marruecos incumpliendo una medida judicial toda vez que es una de las procesadas en el caso seguido por blanqueo de capitales en la Audiencia.
En el auto que dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta respecto a la agente M.M.L. venía reflejado que la prisión provisional que se acordó en su día por la causa de blanqueo se había eludido mediante el pago de 30.000 euros en concepto de fianza, ordenándose también que compareciera los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial.
Se fijó como medida cautelar una prohibición de salida del territorio nacional con la retención inmediata de su pasaporte. A pesar de ello, M.M.L. salía al vecino país y en uno de esos regresos la detuvo la Benemérita.
El 8 de abril de este año era detenida en el Tarajal a bordo de una motocicleta cuando llegaba a Ceuta desde Marruecos con su hijo menor de edad. “No era la primera vez que lo hacía, había cruzado más veces y siempre por motivos laborales”, se ha defendido la agente en la vista judicial que se siguió este jueves en el Penal.
M.M.L. detalló que desde que entró la Guardia Civil en su domicilio en el año 2019, le desapareció el pasaporte y por eso nunca lo entregó. Además, ha acreditado que se dio de alta para ejercer de abogada y se especializó en asuntos de Extranjería. “Por eso iba a Marruecos en repetidas ocasiones. Denuncié ante la Guardia Civil de Algeciras que no tenía mi pasaporte y, debido a un cliente que necesitaba de manera urgente arreglar la situación de su madre, decidí ir a la Jefatura Superior a sacarme otro”.
“Allí pregunté al funcionario si le constaba alguna orden de prohibición, me dijo que no, que estaba limpia y por eso me lo expidió”, ha manifestado.
La policía local pensaba que esas medidas cautelares que fueron impuestas por el Juzgado de Instrucción número 1 “ya no estaban en vigor”. “Una vez mi procedimiento pasa a un órgano superior como es la Audiencia Provincial, pensaba que las medidas cautelares de Instrucción ya no servían de nada”.
Ante esa afirmación, Fiscalía le preguntó que por qué entonces sí seguía a rajatabla la medida de firmar el 1 y 15 de cada mes. “Es una prueba de que yo no me quiero fugar, como si hizo el padre de mis hijos. Yo solo quiero sacarlos adelante y por eso iba a Marruecos para poder seguir trabajando. Tengo un buen sueldo de policía local, pero tengo 3 hijos y tengo que mantenerlos sola”.
“El día que me detienen, iba con mi hijo en la moto, y llevaba una mochila con un iPhone y un portátil con todos los expedientes de Extranjería”, ha añadido, justificando así el motivo de su marcha.
La agente denunció su detención en la frontera, ya que iba con su hijo menor de edad le negaron la realización de una llamada hasta las 10:30. “A mi hijo se lo llevaron en un coche policial, cuando eso no se podía hacer. Las formas no fueron las correctas”, ha destacado.
Además, se ha querido quejar de que la metieran en prisión en Botafuegos sabiendo que era policía local, habiendo sufrido “muchos abusos”. “Me han querido violar, cortar la cara, me han tirado la bandeja de comida… No sabes lo que he pasado”.
El agente de la Guardia Civil que la detuvo en la frontera destacó que recibieron un aviso del Grupo de Información en el que se les especificaba que la acusada entraba y salía del territorio peninsular a pesar de tener una medida cautelar de prohibición.
“Estábamos esperando el vehículo y, cuando llegó, procedimos de su detención. Se le informó de los motivos y ella nos dijo que podía entrar y salir cuando quisiera y que ya lo había hecho en varias ocasiones”.
Este agente señaló que miró en una base de datos interna, pero no le venía reflejado ningún señalamiento. “Decidí llamar al COS para que desde el Juzgado me lo miraran en un programa que va más actualizado y ahí me confirmaron que la medida cautelar estaba vigente”.
Otros dos agentes de la Guardia Civil, la instructora y el secretario, señalaron únicamente que ellos estaban en el puerto cuando recibieron la llamada de que se había detenido a una persona en el Tarajal por un delito de quebrantamiento.
El Ministerio Fiscal, tras escuchar a los testigos, siguió con su escrito de calificación inicial en el que solicita la imposición de una pena de 24 meses de multa a razón de 10 euros diarios.
Ha destacado que no puede servir de excusa que la acusada pensara que una vez su procedimiento ya estaba en la Audiencia las medidas de Instrucción estaban anuladas. “Es voluntad de ella conocer las medidas que tiene en vigor y no vale de excusa para poder saltársela”.
La Defensa, por su parte, ha solicitado la libre absolución de su representada. Se ha basado en que no se puede condenar a una persona cuando lo que ha existido es “un mal funcionamiento de las administraciones, ya sea de la justicia o del Ministerio del Interior”, ya que a ella le expidieron un pasaporte y cruzaba al otro país sin problemas.
Además, ha querido recalcar que ella salió de Ceuta hacia Marruecos y no se lo impidieron. “Es más, a la vuelta vuelve a pasar de nuevo el control de la Policía Nacional y no le ponen problema alguno”.
Ya en el turno de la última palabra, la policía local quiso destacar que: “Soy inocente, incluso en el blanqueo de capitales, más que en esto porque al final estaba allí y por eso se me detuvo”.
“Como bien dice mi abogado esto es una caza de brujas. No sé si en el grupo de Información de la Guardia Civil están aburridos o no tienen otra cosa más importante que hacer que estar persiguiéndome a mí en todo momento. Mi voluntad jamás ha sido fugarme, solo he querido sacar a mi familia adelante”, ha finalizado.
El juicio quedó visto para sentencia. Fiscalía recoge en su escrito como la acusada nunca entregó su pasaporte al órgano judicial y acudió a sacarse uno nuevo que le fue expedido en julio de 2023 con el que podía cruzar a Marruecos, como así hizo.
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