El PP llevará al próximo Pleno de la Asamblea de Ceuta una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a declarar como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En la misma los populares incluyen que se acometan modificaciones legislativas oportunas para su jubilación anticipada al que lo desee sin pérdida de poder adquisitivo.
Con esa propuesta, con la que el PP busca el respaldo de las demás formaciones con representación en la Asamblea, se insta al gobierno central a encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas.
De igual manera, la formación popular reclama ejecutar la cláusula tercera del acuerdo de equiparación de 2018 para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en segunda actividad o de reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación.
El PP, que defenderá esta propuesta por boca de la portavoz del Grupo en la Asamblea, Kissy Chandiramani, reclama la elaboración de una ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español.
Con esta petición, los populares buscan defender la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad cuenten con medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para realizar “su inmenso y sacrificado trabajo”, exigiendo las mismas retribuciones que tienen el resto de cuerpos policiales.
La petición de los populares se enmarca en plena polémica por el acuerdo de modificación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Explica el PP en su propuesta, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, que el servicio que prestan las fuerzas de seguridad “es fundamental en nuestra democracia” para garantizar “la convivencia y seguridad”.
En base a ello “no puede ser la misma pensión de un policía nacional y de un guardia civil (subgrupo C1) que la de un administrativo del Estado. El trabajo no es el mismo y el riesgo, evidentemente, no es comparable, considerando tanto el trabajo como el riesgo superior”.
El PP expone que las jubilaciones de Policía y Guardia Civil se pueden solicitar con 30 años de servicio y 60 años de edad, de igual manera que el resto de funcionarios pertenecientes a clases pasivas. Las policías locales y cuerpos autonómicos, a los 59 años, sin pérdida de poder adquisitivo.
Las fuerzas de seguridad no están reconocidas como profesión de riesgo por el Estado, sin embargo, “se les penaliza como si tuvieran tal consideración de profesión de riesgo, por ejemplo, a la hora de hacer un seguro de vida”.
“Es de justicia que se dé una solución a las retribuciones en la jubilación de Policía Nacional y Guardia Civil. Es de justicia enmendar esta situación. Es de sentido común considerar a Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo, como otras profesiones así reconocidas en España y abrir una puerta dentro de clases pasivas para diferenciarse de todos los funcionarios integrados en este régimen, por sus peculiaridades y riesgos al ejercer su profesión, y para poder igualar las pensiones de jubilación por años de servicio con Policía Local y cuerpos policiales autonómicos, en las mismas circunstancias que ellos”.
El PP apunta también a la “degradación en las condiciones de calidad de vida y la peligrosidad, unido al quebrantamiento social en los últimos años de la condición de agente de la autoridad, que conlleva que de media en España cada día sean agredidos 30 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, según los datos de Interior”.
En cifras, en 2023, policías y guardias civiles sufrieron 1.400 agresiones al mes, tras tres años con incrementos superiores al 8%.
Los populares consideran “de justicia” que se lleve a cabo la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares y que sea una equiparación real y total.
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