Los policías recibirán una formación obligatoria en materia de violencia de género

Agentes de la Policía y personal de la Administración de Justicia recibirán una formación obligatoria en materia de violencia de género, tal y como se desprende del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, aprobado este martes por el Gobierno, ante el repunte de asesinatos de mujeres en España.

Esta es una de las medidas que se recogen en este documento, aprobado en Consejo de Ministros, y en el que también se contemplan otras actuaciones en materia de sensibilización, prevención, detección temprana, mejor protección de las víctimas y de sus hijos.

En concreto, en el apartado de protección y seguridad, se contempla la realización de "una acción formativa conjunta por los Ministerios de Interior, Justicia e Igualdad, con carácter anual, masiva y multidisciplinar, que tenga las características de curso reglado, certificado y obligatorio".

Según precisa, este curso estará dirigido a "todas y todos los agentes de los cuerpos policiales, con especial atención a las Unidades de Seguridad Ciudadana, y al personal al servicio de la Administración de Justicia no limitado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, singularmente en los órganos judiciales con competencias en materia de Familia".

Asimismo, en el ámbito de la prevención y la sensibilización, el documento contempla la promoción de los programas de rehabilitación de condenados por violencia de género "en aras a cumplir la finalidad rehabilitadora de la pena y lograr la reinserción social de los penados".

Igualmente, se elaborarán campañas de sensibilización a lo largo de todo el año para informar a las víctimas; para interpelar a la población en general para actuar ante la violencia de género, y para visibilizar los buenos tratos y combatir la violencia sexual.

Se incluye, asimismo, la promoción de acuerdos de colaboración con grandes proveedoras de servicios en línea para prevenir y actuar frente a los perfiles que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres y evitar que la publicidad ofrezca una imagen "cosificadora" de la mujer.

En el ámbito de la detección temprana, el catálogo de medidas recoge la elaboración de un "instrumento validado estandarizado" para facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud; y la formación específica de médicos de familia, pediatras, sanitarios de urgencias, trabajadores sociales, personal de servicios sociales y de los servicios consulares españoles en el extranjero, entre otros.

Ventanilla única para centralizar las ayudas a maltratadas

Igualmente, el Gobierno quiere promover la autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia machista, para lo que promoverá la implantación de una "ventanilla única de violencia de género" en la red de Servicios Sociales y en colaboración con las administraciones públicas competentes.

Esto servirá para la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas para informar sobre sus derechos y acompañar en el procedimiento: pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas y duelos; así como para la canalización de las demandas de las víctimas y supervivientes a las ayudas económicas, de vivienda y en relación a sus derechos laborales.

Otro de los objetivos es mejorar la protección de los niños y niñas víctimas de violencia de género. Por ello, se elaborará el primer 'Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género' dirigido al ámbito judicial, de familia, servicios sociales y servicios especializados.

Se plantea, asimismo, mejorar el Servicio ATENPRO, ampliando las posibilidades actuales de alta sin denuncia en el servicio y dando difusión al mismo entre los diversos agentes sociales, entre otras medidas.

Según se explica en el acuerdo, los compromisos que se deriven de la aplicación de este Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y, en su caso, en los ejercicios siguientes.