La Policía Nacional y la Fiscalía de Ceuta han recibido durante los últimos meses un total de cinco denuncias formales por la existencia de grupos de personas que propinan palizas a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que sobreviven en el entorno del Puerto intentando colarse en algún vehículo o barco para llegar como polizones a la Península.
Las alertas formales han sido presentadas por el personal del ‘Equipo Drari’ del Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (PREMEDECE) que implantó hace algo más de un año el Gobierno local de la mano del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) de la Universidad de Málaga, pero también por la propia Ciudad Autónoma en base a los testimonios recabados sobre el terreno y por una persona a título personal, según las fuentes consultadas por este periódico.
Fuentes judiciales han corroborado en declaraciones a ‘El Faro’ que el Ministerio Público ha registrado “varias denuncias” a las que ha dado el mismo trámite: requerir a la Policía Nacional “que investigue” y, en su caso, “identifique” a los supuestos responsables de esas palizas.
En los casos en los que las alertas se han transmitido directamente a la Fiscalía hay víctimas que han podido ser revisadas por los técnicos forenses judiciales para certificar los daños sufridos.
“En otras ocasiones ha sido necesario reclamar que viniesen los menores porque los delitos leves de lesiones requieren de previa denuncia del perjudicado, pero no se han personado”, han añadido desde los Juzgados.
La Fiscalía acordó por primera vez en enero incoar diligencias de investigación a través de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en relación con la denuncia de varios niños migrantes del Puerto que declararon que justo antes de la Navidad pasada habían sido víctimas de una agresión con “bates y palos de hierro” por parte de “tres adultos” de la ciudad que, además, les habían amenazado con volver “cada viernes” para darles “la misma paliza”.
El equipo técnico del ‘Drari’ que recogió su testimonio trasladó esa información directamente a la Fiscalía y el Área de Menores de la Administración autonómica hizo lo propio ante la Jefatura Superior.
La agresión habría tenido lugar, según las presuntas víctimas, “sobre las 4 de la madrugada” del 22 de diciembre en los alrededores de una gasolinera de la zona portuaria. Allí, mientras dormían, los menores aseguran que fueron atacados por tres adultos ceutíes que portaban “bates y palos de hierro”.
El personal que atiende a los menores extranjeros que rechazan de forma puntual o permanente la tutela de la Administración autonómica ya avisó entonces de que “no era la primera vez” que integrantes del colectivo juvenil vulnerable referían haber sido víctima de “episodios similares”.
Fuentes del Cuerpo de Seguridad han indicado en declaraciones a este periódico que las unidades especializadas de la Jefatura “siguen trabajando” sobre esa denuncia.
Las autoridades locales no han limitado a este tipo de hechos sus denuncias a los agentes de la Policía Nacional, a la que también han puesto sobre la pista de posibles redes dedicadas a la explotación en cualquier vertiente de esos menores.
Delito: Lesiones
El Código Penal prevé para quien, “por cualquier medio o procedimiento”, cause a otro “una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental”, una pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión “requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”. Si solo requiere una asistencia facultativa (o simple vigilancia o seguimiento), multa de uno a tres meses.
Iniciativa: Víctima o representante
Sólo se persigue el delito leve de lesiones mediante denuncia de la persona afectada o su representante legal.
La asociación ‘Maakum’ aseguró la semana pasada en su perfil en Facebook que se dan “agresiones diarias” en el Puerto y que durante los días inmediatamente anteriores había recogido “numerosos testimonios de menores y jóvenes que han sido víctimas de agresiones y amenazas”. Según su alerta, “los agresores son grupos organizados de ceutíes que tienen como único objetivo humillar y generar miedo a estas personas migrantes utilizando cuchillos, piedras y palos, en la mayoría de ocasiones”.
“Varios ciudadanos han sido testigos de dichas agresiones y están dispuestos a denunciar los hechos. Muchas de estas agresiones quedan en la impunidad. ¿Quién les defiende? Si cuando acuden a la Policía para buscar ayuda la respuesta que reciben es la de expulsarles a Marruecos sin documentar lo ocurrido”, afirmó el colectivo, que se autodefine como “personas independientes que nos unimos para hacer frente a colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social”.
Igualmente señaló que “las autoridades policiales y judiciales tienen conocimiento de que se están produciendo estos hechos porque distintas personas y por distintas vías lo han comunicado pero no tenemos constancia de que haya habido respuesta alguna y no vemos respuesta por parte de los distintos Cuerpos de Seguridad que patrullan la zona”.
Tras la última reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Jacob Hachuel, aseveró que es “absolutamente falso” que estén agrediendo a inmigrantes en el área portuaria. “Ni hay grupos organizados ni está habiendo agresiones a menores”, replicó en rueda de prensa, calificando la denuncia de “alarma social”.
Otras fuentes, incluso dentro de la Administración autonómica, han mostrado su inquietud por las declaraciones que algunos candidatos y partidos políticos están realizando en el fragor de la campaña electoral de las generales, a la espera de lo que suceda en la de las municipales, “señalando a los niños migrantes como el mayor problema y la amenaza más grande que tienen Ceuta y los ceutíes”.
“Hay que exigir responsabilidad también a quienes aspiran a representar a la ciudadanía para no alimentar con afirmaciones incendiarias comportamientos violentos”, han requerido fuentes especialistas.
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