F.B. se enfrenta a doce meses de prisión, 900 euros de multa y la prohibición de entrada en nuestro país durante tres años por un delito de inmigración clandestina que se produjo cuando la mujer intentó embarcar hacia la península empleando para ello un permiso de residencia y pasaporte falso.
La acusada, que mostró su arrepentimiento en el juicio, reconoció los hechos y alegó que se encuentra tramitando la documentación que le permitirá su estancia en territorio nacional, para permanecer junto a sus dos hijos, de 15 y 5 años respectivamente, que sí tienen permiso ya que el padre de ambos (expareja de la acusada) sí es español. F.B., que tiene su residencia en Tetuán, declaró que actualmente trabaja como empleada de hogar en nuestra ciudad.