El Pleno de la Asamblea ha rechazado este jueves con el voto en contra de todos los partidos salvo el proponente, Vox, una iniciativa para “revertir el atropello a las libertades” que según los ultraderechistas se produjo con la imposición de restricciones básicas durante el primer estado de alarma por la pandemia, que el Constitucional ha entendido que debería haber sido de excepción.
Verdejo ha reclamado que la Ciudad “suspenda la iniciación de expedientes sancionadores, deje sin efecto todas las multas tramitadas con acto administrativo firme que no se hayan cobrado y devuelva de oficio los ingresos indebidos por el ayuntamiento”. El PP ha apelado a “cuestiones legales” para votar en contra, como también han hecho PSOE, MDyC y Caballas, en su caso sin intervenir para no dar pie a Vox a “insultar” y “reventar” el Pleno.
En otras regiones como el País Vasco ya se ha acordado suspender los expedientes sancionadores no firmes incoados por haberse infringido los apartados 1 y/o 3 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, pero la medida no afecta a los ya abonados o a los que ya tienen resolución de sanción en firme.
Vox ha argumentado que "todas las sanciones impuestas por parte del Ayuntamiento por saltarse las restricciones de movilidad y que se regulaban en el Real Decreto resultan ser nulas en pleno derecho” a la luz del veredicto del Constitucional.
Durante el primer estado de alarma, que se prolongó 98 días entre marzo y junio del año pasado, se interpusieron en la ciudad 9.472 expedientes de denuncia por vulneraciones de lo previsto en la normativa específica, según los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma. La sentencia no discutía la eficacia o acierto de tomar las medidas que se decidieron, sino la forma en la que se tomaron a través del estado de alarma.
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