La legislación prevé una bonificación máxima del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) cuando son declaradas de especial interés o utilidad púbica por la Corporación, tal y como aprobará el Pleno este mes para la Ciudad del Fútbol.
La consejera de Hacienda del Gobierno local, Kissy Chandiramani, someterá en la Sesión Plenaria de este mes a la consideración de la Corporación una propuesta para declarar “de utilidad pública” las obras de construcción de la nueva sede de la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE), con lo que podrá beneficiarse de la concesión de una bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) devengado por la realización del proyecto, que fue inaugurado oficialmente a finales del año pasado.
La Consejería de Turismo y Deporte que dirige Emilio Carreira ha trasladado a la de Hacienda la petición de la Federación, basada en que “concurren circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo” que justifican la declaración de utilidad púbica de las obras de la Ciudad del Fútbol.
En la memoria elaborada por los de García Gaona para Servicios Tributarios se pone de relieve que la Federación cuenta con 57 clubes afiliados, lo que se traduce en más de 200 equipos “en todas y cada una de las categorías del fútbol base de Ceuta”, desde Prebenjamín hasta Regional Preferente.
Además, cuenta con ocho equipos de categoría Nacional y un total de 2.237 futbolistas están afiliados en la Territorial en sus tres modalidades (fútbol, fútbol sala y fútbol 8). También tiene 300 entrenadores y 66 colegiados.
El ICD ha respaldado en un informe la petición tramitada por la Territorial ceutí
El Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha respaldado en un informe la solicitud de la Federación al entender que sus actividades “están dentro de la clasificación de ‘utilidad pública’, cumpliendo además con las características y requisitos” que marca la legislación.
El artículo 32 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación establece que pueden ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran circunstancias como que sus fines estatutarios “tiendan a promover el interés general [...] y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.
ICIO | Impuesto. Grava cualquier construcción, instalación u obra que exija licencia urbanística.
También exige que su actividad “no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario” y que los miembros de sus órganos de representación que perciban retribuciones “no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas”.
El MDyC denunció el verano pasado que la Federación debía ala Ciudad Autónoma desde enero de 2015 el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aproximadamente unos 40.000 euros.
Con la declaración de utilidad pública de la obra, la Territorial se librará de pagar el 95% de lo que le tocaría. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija en ese porcentaje máximo la bonificación que las Ordenanzas fiscales pueden prescribir “a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que lo justifiquen”.
Para dar ese paso es competente el Pleno de la Corporación, que se pronuncia “previa solicitud del sujeto pasivo” y que puede dar su visto bueno “por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.
La Ciudad del Fútbol se ha construido sobre una superficie de algo más de 5.000 metros cuadrados y consta de oficina principal, sala de juntas, salón de actos, sala de exposiciones, aula de formación, sede de la mutualidad y un campo.
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, llevará al Pleno de este mes una propuesta para “derogar” sin que haya llegado a aplicarse la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios extraordinarios en el Tarajal y su entorno que aprobó inicialmente la Corporación en septiembre del año pasado y a la que se oponían tanto la oposición como la patronal.
Tanto la Confederación de Empresarios como varias comunidades de propietarios de los polígonos presentaron alegaciones y una solicitud de anulación del Acuerdo Plenario por el que se daba el visto bueno al establecimiento de la tasa, con la que la Ciudad pretendía ganar ingresos que cubriesen el gasto público para la prestación de servicios de limpieza y seguridad, entre otros.
Justificación. La memoria elaborada por la Federación para solicitar la declaración de utilidad pública de su nueva sede explica, entre otras cosas, sus planes para llegar a un acuerdo con las asociaciones del CERMI “para ofrecerles las instalaciones para cualquiera de sus actividades”.
Bonificación. El presidente de la Territorial, Antonio García Gaona, remitió en enero del año pasado a la Ciudad un escrito en el que solicitaba la concesión de una bonificación en la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por un importe de 39.639 euros con el argumento de que las obras de la Ciudad del Fútbol “redundarían en beneficio de los deportistas de Ceuta”, por lo que procedía su declaración como “de interés social”.
El ICD, de acuerdo. El jefe del Servicio de Tecnificación del ICD, Jorge Molinary, ha señalado en un informe que la sede de la Federación acoge el desarrollo de actividades “dentro de la clasificación de ‘utilidad pública’ y de forma coherente con “las características y requisitos” que marca la legislación vigente sobre la materia.
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