El Pleno de Ceuta aprueba rescindir el contrato a la empresa Trace para mejorar el servicio de limpieza

El Pleno ha aprobado una moción de Caballas para iniciar los trámites para la rescisión del contrato a la empresa concesionaria de la limpieza, Trace. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, ha señalado que aceptaba la propuesta de Caballas pero querían añadir una transaccional para que esa rescisión fuera de mutuo acuerdo, salvaguardando los intereses generales y los derechos de los trabajadores.

La propia política indicó que igualmente van a solicitar un informe de un despacho especializado a nivel nacional para que ofrezca soluciones para esta rescisión y que contacrán con los técnicos de la Casa. Además, defendió que están a la espera del informe del Consejo de Estado para ver si ofrece luz en cuanto al tipo de contrato que une a la Ciudad Autónoma con la empresa concesionaria Trace. En la última quincena de agosto se envió la petición de informe al Consejo de Estado y el tiempo máximo que tiene para pronunciarse es de dos meses, con lo cual, a lo largo de octubre ya tienen que tener tomada una decisión.

Tras la jornada de tensión vivida el pasado martes, con una huelga desconvocada a última hora, finalmente el Comité de Empresa de Trace consiguió la firma del convenio de limpieza que no sólo afecta a Trace, sino a otras empresas como ACC y TAHLER que mantienen otro tipo de contratos de limpieza en la ciudad.

Mientras tanto, la misma Chandiramani, en su respuesta a Aróstegui, le aludió a que se han detraído 3 millones de euros por no cumplirse con lo establecido en el pliego. Recuerda que la actual empresa percibe 3,5 millones menos que la anterior concesionaria y que luego, la Ciudad inyectó otros 1,5 millones con un incremento de los servicios para mejorar la prestación, pero que en junio de 2017 se establece por parte de los técnicos que los niveles no son los adecuados, de ahí que comience a detraerse dinero de las certificaciones mensuales, encargándose una auditoría técnica y económica tras un acuerdo plenario de todos los partidos de la Asamblea autonómica.

Incluso, aseguró que de las certificaciones que cobra mensualmente Trace, casi el 80% de las mismas son fondos para el abono de las nóminas y de las cuotas de la Seguridad Social. Igualmente, justificó el cambio en la dirección facultativa del pliego, debido a la falta de tiempo por parte de estos técnicos del Ayuntamiento.

En esta moción de Caballas intervino igualmente la portavoz de MDyC, Fatima Hamed, para señalar que la Ciudad ha aceptado la condiciones del usuario para que no haya una huelga y que estaban defendiendo los derechos de la empresa, negando todos estos aspectos la consejera Chandiramani.

“Elijan el procedimiento que quieran”

Aróstegui, en la presentación de su moción, indicó que se llevan cinco años y medio de “suplicio” para los ciudadanos. Recordó que, cuando se firmó el contrato en el año 2013, muy pronto los ciudadanos se dieron cuenta que la degradación en la prestación de la limpieza era continua, mientras que el Gobierno mantenía que el pliego de condiciones se cumplía escrupulosamente.

El localista puso encima de la mesa que durante las primeras 52 certificaciones no hubo ninguna detracción y que a partir de junio de 2017 se comenzó a detraer dinero de las certificaciones, pero que han tardado más de quince meses en abrir el primer expediente sancionador. “Lo que tenemos muy claro es que o antes se hacía la vista gorda o ahora se machaca a una empresa ejemplar”. Además recordó que el gasto de la limpieza en Ceuta es de unos 17 millones de euros anuales, lo que viene a ser 1,5 millones mensuales.

También abordó la problemática que sucede a partir del 29 de abril cuando se firma, con motivo de una convocatoria de huelga, un nuevo sistema de control de la calidad del servicio que es rubricado por el consejero Ramos, “sin que haya ningún informe técnico”. Alude a que el propio director general de Contratación ha manifestado que ese protocolo supone un cambio sustancial en el objeto del contrato y que, desde su punto de vista, era ilegal. “Pero con lo que no contaban era que la Delegación del Gobierno observe un defecto de forma y se tuviera que iniciar nuevamente el procedimiento y realizar otra vez la firma”.

Sus últimas palabras fueron para señalar que la obligación de todos es lograr cuanto antes que se finalice el mencionado contrato y le espetó a la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, que eligieran el procedimiento que más les gustara, “pero no puede permitirse esta situación ni un minuto más”.

Insistió en varias ocasiones que el interés general de los ceutíes debía estar por encima de todo y que durante estos cinco años y medio de funcionamiento de la actual empresa no se había pensado mucho en lo que se necesita en esta ciudad concretamente.

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