Román recordó que ni el Tribunal de Cuentas ni la Dirección General de Hacienda ni la Intervención General del Estado han cuestionado “nunca” las cuentas generales de la Ciudad.
Los ingresos consolidados de la Ciudad Autónoma cayeron el año pasado, todavía en el túnel de la crisis económica, un 2,7%, pasando de 254 a 247 millones. En paralelo, los gastos de todo el sector público autonómico se contrajeron un 7% y se quedaron en 222 millones, con lo que el ahorro de la Administración se acercó a 20 millones, 3,4 más que en 2014.
Con esas grandes cifras, el Grupo Parlamentario Popular dio ayer su visto bueno en el Pleno a la Cuenta General de la Ciudad del año pasado, que ahora será remitida al Tribunal de Cuentas. Todos los grupos de la oposición votaron en contra “por razones de forma y de fondo” del documento que defendió la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública.
Susana Román detalló a la Corporación que el activo y el pasivo consolidados de la Administración local ascendían al cierre del año pasado a 618,6 millones de euros, un 28% más que doce meses atrás. Un 70% del activo consolidado corresponde al inmovilizado y un 47% del pasivo consolidado lo forman fondos propios (un 28%, trece puntos menos que un año antes, por las deudas a largo plazo; y un 25%, siete de recorte con respecto a 2014, por las deudas a corto).
Sobre esas grandes cifras de origen “técnico y no político” l miembro del Ejecutivo local defendió que la contabilidad de la Ciudad está “razonablemente saneada”, que tiene una estructura presupuestaria “sólida” y que refleja unos gastos “adecuados y equilibrados” a los ingresos.
La consejera adujo durante su exposición que el llamativo incremento del activo y pasivo consolidados en unos 140 millones de euros responde a la introducción de “ajustes contables como consecuencia de la aplicación del nuevo plan de contabilidad, que ha incorporado cambios importantes en la composición de las partidas”.
También dio cuenta del nivel de la razón ácida, “que refleja la capacidad para cancelar las obligaciones corrientes sin echar mano del inventario” de la institución y está en 1,10 cuando el "nivel óptimo" es 1. La razón de endeudamiento (cociente entre deudas a largo y a corto y el total de activos) se sitúa en un 0,53%, "en el umbral considerado óptimo, que va del 0,4% al 0,6%".
“Una mamarrachada”
El socialista José María Más criticó el retraso acumulado en la tramitación del procedimiento (“los plazos están para cumplirlos”) y planteó varias críticas de naturaleza técnica sobre las provisiones o el inmovilizado.
Además, reprochó al PP su estructura de gasto porque “en el PSOE no vemos oportuno que el segundo mayor gasto de la ciudad sea la recogida de basura, casi un 10% del total, cuando el de Vivienda es un 0,22% y las ayudas sociales, un 5,1%”. Igualmente avisó de la necesidad de revisar las razones por las que cae el nivel de ingresos de la Ciudad.
Como portavoz accidental de Caballas, Juan Luis Aróstegui, tildó de “mamarrachada” la propuesta del Gobierno, a su juicio “inaprobable” porque “este documento es lo más lejano posible de la esencia de la contabilidad, que debería dar una imagen fiel y refleja del estado de la institución”.
Además, el localista abundó en que “esta Cuenta General impugna su propio discurso cuando dicen que destinan 60 millones de euros al año a políticas sociales cuando aquí, en lo que van a aprobar, dice que son 11 millones, personal incluido”. “Hace falta un cambio político de prioridades, de gasto y de presupuesto porque malgastan mucho dinero en cosas innecesarias y desatienden lo que realmente se necesita: solucionar las necesidades de miles de familias, el paro, la pobreza, la falta de infraestructuras en las barriadas y la escasez de vivienda”, pidió.
Fatima Hamed (MDyC) justificó el no de su formación en que “no podemos aprobar su inexistente política que nos condena a deuda, desempleo y desequilibrio social en una ciudad tan necesitada de todo lo contrario". “Son unas cuentas que no contemplan un proyecto de ciudad para el futuro porque no la tienen”, afeó al PP. En el mismo sentido, reprochó al Ejecutivo que sus Servicios Sociales son “de los peor gestionados” y tildó de “parche” el Plan de Empleo.
Por su parte, Javier Varga, de Ciudadanos, censuró que el Gobierno de Vivas parece tener como objetivo "gastarse el dinero por el mero hecho de hacerlo" y lamentó que se confunda el “cumplimiento de objetivos” con la simple “ejecución del gasto”.
La consejera asumió en sus réplicas algunas necesidades de mejora como un “pequeño” retraso "de cuatro días" en la aprobación definitiva del documento pero se esforzó en dejar claro que lo sometido a votación “no son los presupuestos sino un documento técnico que refleja cómo se ha gastado el dinero”.
No obstante, dijo que tanto en el reflejo patrimonial de la Ciudad como el cómputo de ingresos pendientes de cobro, que en algunos casos se remontan hasta hace más de veinte años, se ha iniciado un trabajo de revisión por parte del personal funcionario.
Euro a euro: Administración General, Limpieza pública, Policía Local y Empleo, los servicios más ‘caros’
Más allá de los números fríos, la oposición aprovechó el debate de ayer sobre la Cuenta General de la Ciudad Autónoma del año pasado para efectuar una crítica global a las prioridades políticas del Gobierno de Vivas y a la estructura de presupuesto y de gasto que de las mismas se derivan aunque la consejera de Hacienda distinguió que “una cosa es en qué se gasta”, a lo que arrimaron el ascua PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos, y “otra si se justifica en qué se gasta”, que era el objetivo último del Pleno.
Frente a las críticas a las formas, se comprometió a intentar agilizar los plazos para cumplir los requerimientos legales que exigen la aprobación del documento antes de cada 1 de octubre para remitirlo al órgano fiscalizador y a los distintos órganos de control externo pero dejó claro que “ni el Tribunal de Cuentas ni la Administración General del Estado, a fecha de hoy, han puesto jamás un reparo a las cuentas generales de la Ciudad, ni está vez ni en las ocasiones anteriores, por lo que no estará tan mal hechas”.
Por otro lado, ante las invectivas de los grupos minoritarios de la Cámara contra a qué se destina el dinero público, los más de 2.500 euros que el Gobierno ceutí gestiona cada ejercicio en términos per cápita, Román volvió a defender la consideración amplia de “gasto social” que permite al PP elevarlo a 60 millones cada año sumando a las ayudas propiamente dichas otras partidas como Deporte, Menores, Sanidad...
En ese campo tuvo un agitado debate con Aróstegui, que recalcó que “si aplicamos a gasto social todo lo que tiene que ver con sociedad habrá que considerar como tal todo el de la Ciudad”. Desde su punto de vista, siendo escrupulosos tal adjetivo solo puede merecerlo el desembolso que va a “acabar con las desigualdades” y supone “un esfuerzo, con la solidaridad de todos los ciudadanos, para evitar situaciones de injusticia”.
La ‘Memoria justificativa del coste de los servicios y demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados’ elaborada por la Intervención y adjunta a la Cuenta General detalla que, sin contar los gastos generales, que ascendieron a 28,1 millones en el año 2015, los servicios de la Ciudad Autónoma de Ceuta que consumen más recursos corrientes son la recogida de residuos y limpieza viaria (20,7 millones), la Policía Local (17,3), las Políticas Activas de Empleo (13, financiados por una partida “finalista”, según recalcó Aróstegui, procedente del Estado), las Ayudas y Asistencias Sociales (11,0) y Menores (10,1 millones).
Esos son los únicos cinco servicios municipales que tienen un coste superior a 100 euros por vecino y año.
La recogida de residuos y la limpieza viaria costó 244,25 euros por vecino, bastante más que en 2013, cuando se situaba en 218. La Policía Local, 204,25 (201 en 2013). Las Políticas Activas de Empleo, 153,34. En ayudas sociales se gastaron el año pasado 130,13 euros en términos per cápita y en Menores, 119,33.
En el otro extremo de la tabla, al desarrollo del Turismo se destinaron en 2015 apenas 69 céntimos por habitante, la mitad que al servicio de Matadero (1,4 euros), por ejemplo. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) absorbió un total 5,4 millones.
Los recursos consumidos por Administración General de la Ciudad Autónoma se repartieron de esta forma: 20,09 millones para gastos de personal (Román puso de relieve de nuevo el esfuerzo del Gobierno para no destruir empleo en el sector público); 7,1 para gastos de bienes y servicios; y 823.515 euros para transferencias corrientes.
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