Más de cien de los 146 trabajadores con que cuentan actualmente las
Brigadas Verdes de Ceuta han acordado este lunes por la tarde por abrumadora mayoría rechazar
la opción de que Tragsa se haga cargo de la gestión del convenio que hasta ahora ha llevado la
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV). Tras más de una hora de asamblea, 94 de los presentes se han mostrado contrarios a esa alternativa y partidarios de quedarse con la FPAV. Solo once han votado a favor de abandonar la FPAV ante el riesgo de que sus “problemas económicos” con la Ciudad acaben degenerando en una imposibilidad legal de seguir recibiendo dinero público por deudas con la Administración. Según ha detallado Juan Luis Aróstegui, la Federación ya ha reconocido que debe 51.000 euros a la Ciudad por falta de justificación. La Administración le ha concedido una fórmula de fraccionamiento del pago, pero la FPAV debe obtener ahora ingresos con los que hacer frente a esa mora, que no puede sufragar con los 3,5 millones que recibe anualmente para las Brigadas Verdes. La asamblea de este lunes ha transcurrido sin incidentes y durante la misma se ha dado lectura a la carta en la que la consejera de Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, respondió a las preguntas que sobre el mantenimiento de sus sueldos y categorías, entre otros extremos, le había transmitido el Comité de Empresa. Pese a que el Gobierno de la Ciudad se comprometía al mantenimiento de las condiciones laborales y salariales y renovaba su apuesta por dar “estabilidad” al proyecto, la plantilla ha rechazado la vía de Tragsa para conseguirlo. El pasado viernes, en el Consejo de Gobierno, la Ciudad "no contempló" la municipalización que reivindicaba el comité de empresa, "porque no asegura que estos puestos de trabajo sean par las personas que actualmente están en las brigadas verdes”.