Los alrededor de 130 trabajadores con que cuentan actualmente las Brigadas Verdes, en Ceuta, están llamados este jueves a firmar su adscripción al acuerdo que les permitirá, si lo aceptan, pasar a trabajar para Tragsa en lugar de para la FPAV, como hasta ahora, con las mismas retribuciones pero sometidos al Convenio sectorial Colectivo de ámbito estatal de Jardinería 2021-2024, que les sería de aplicación a partir de finales de este año.
Más allá de las reticencias previas de algunos (en ocasiones por ser partidarios de entrar a Tragsa y en otros por preferir la FPAV aunque casi todo el mundo da por hecho que en el marco actual tarde o temprano dejarán de pagarse definitivamente las nóminas por los reparos de su fiscalización), el último escollo para convencer a la mayoría es la negativa de la empresa pública a asumir la antigüedad acumulada por los trabajadores.
El Gobierno de la Ciudad está dispuesto a asumir un notable sobrecoste (de 3,5 millones al año con la FPAV a 4,7 con Tragsa) para no destruir empleo en las Brigadas Verdes. La otra vía para darles estabilidad, integrarlas en Obimace, se considera inviable técnica y legalmente.
El acuerdo entre la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Tragsa prevé que los trabajadores puedan seguir trabajando 35 horas de lunes a viernes e incluso a tiempo parcial (con el consiguiente ajuste retributivo proporcional). Para ello, cada uno deberá rubricar una solicitud de “novación contractual voluntaria”.
Los conceptos retributivos que venían percibiendo hasta ahora serán “compensados y absorbidos” por las condiciones salariales del Convenio Nacional de Jardinería.
La plantilla de trabajadores de las Brigadas Verdes rechazó en asamblea en febrero de 2020 por amplia mayoría (94 votos en contra y 11 a favor) mantener sueldos y antigüedad en Tragsa y optó por quedarse con la FPAV, que año tras año ha tenido mil y una dificultades para justificar adecuadamente el dinero recibido ante la Intervención.
En la última modificación del Presupuesto de 2022 de la Ciudad el PSOE exigió la inclusión de una partida que finalmente se cuantificó en 750.000 euros para garantizar el trasvase de las Brigadas Verdes con el fin de darles “estabilidad”.
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