Lo que comenzó como una avería se ha convertido en una situación que afecta gravemente a la vida diaria de varios vecinos. Desde el 22 de abril de 2026, el ascensor de un edificio situado en Avda. España 1, portal 5, en Ceuta, propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) permanece fuera de servicio.
No se trata de una comunidad privada de propietarios ni de un edificio sin recursos para afrontar una reparación. Se trata de un inmueble gestionado por un organismo público, dependiente del Ministerio de Defensa, que tiene la responsabilidad de conservar sus edificios y garantizar unas condiciones de habitabilidad y accesibilidad adecuadas para quienes residen en ellos.
En este edificio viven varias personas con movilidad reducida. Entre ellas se encuentra una persona con un grado de discapacidad superior al 70 %, además de tener reconocida oficialmente la movilidad reducida. Otra vecina de 93 años que vive en la 5ª planta también con movilidad reducida. Para estos vecinos, el ascensor no es una comodidad: es la única forma de poder salir de sus viviendas con normalidad.
Lo más difícil de comprender no es únicamente que el ascensor siga averiado más de dos meses después.
Durante aproximadamente un mes y medio, los vecinos no recibieron una explicación clara sobre qué ocurría realmente con el ascensor ni sobre cuándo iba a repararse. Las respuestas fueron imprecisas, las fechas cambiaban y la incertidumbre aumentaba mientras la situación se hacía cada vez más insostenible.
En nuestro caso, hemos remitido dos correos electrónicos a los servicios centrales del INVIED en Madrid, solicitando información y una solución urgente.
Además, la comunidad ha presentado numerosos escritos y reclamaciones tanto ante la Delegación del INVIED en Ceuta como ante los servicios centrales en Madrid, poniendo en conocimiento del organismo la gravedad de la situación y reclamando una actuación inmediata.
Pese a ello, la realidad sigue siendo la misma: el ascensor continúa sin funcionar.
La consecuencia más dura de esta avería la sufren quienes dependen del ascensor para algo tan básico como salir de casa.
En este mismo portal residen al menos dos personas con movilidad reducida, una en la quinta planta y otra en la sexta planta.
Cuando tienen una cita médica, no basta con pedir una ambulancia.
Cada traslado debe organizarse con suficiente antelación. Una vez llega el equipo sanitario, los técnicos tienen que subir hasta la vivienda y bajar a pulso, junto con sus sillas de ruedas, a las personas que no pueden utilizar las escaleras. Al regresar del hospital o del centro de salud, la operación debe repetirse en sentido contrario, subiéndolas nuevamente hasta sus domicilios.
Esta situación obliga a limitar las salidas prácticamente a las estrictamente imprescindibles por motivos sanitarios. Ir a una consulta médica ya supone una operación compleja. Pasear, visitar a la familia, hacer gestiones, disfrutar de actividades de ocio o simplemente salir de casa deja de ser una posibilidad real.
Y surge otra pregunta que nadie ha sabido responder:
¿Cómo podrán salir de sus viviendas cuando tengan que realizar un viaje familiar, unas vacaciones ya planificadas o cualquier otro desplazamiento inevitable?
Existe una cuestión todavía más preocupante.
¿Qué ocurriría si mañana hubiera que evacuar el edificio por un incendio, una fuga de gas o cualquier otra emergencia?
¿Cómo abandonarían el inmueble las personas que no pueden utilizar las escaleras de forma autónoma?
¿Existe un protocolo específico mientras el ascensor permanece averiado?
¿Quién asumiría la responsabilidad si ocurriera una emergencia antes de que el ascensor vuelva a funcionar?
Son preguntas que no deberían quedar sin respuesta cuando hablamos de un edificio gestionado por una Administración Pública.
La preocupación de los vecinos tiene además un precedente.
En otro portal del mismo conjunto residencial gestionado por el INVIED, el ascensor permaneció averiado durante cerca de cuatro meses.
Ese antecedente hace que el temor actual sea aún mayor. Nadie quiere volver a vivir una situación similar.
La accesibilidad no es un privilegio. Es un derecho.
Las personas con discapacidad y movilidad reducida no pueden quedar confinadas en sus viviendas durante meses porque un ascensor no se repara en un plazo razonable.
No pedimos un trato de favor. No reclamamos una mejora del edificio.
Pedimos algo tan básico como que varias personas puedan entrar y salir de sus propias casas sin depender de que los profesionales de una ambulancia tengan que cargarlas, junto con sus sillas de ruedas, por cinco o seis plantas de escaleras.
Lo que más duele no es que un ascensor se averíe. Los ascensores pueden averiarse.
Lo verdaderamente preocupante es que una Administración Pública conozca desde hace más de dos meses que hay vecinos con movilidad reducida prácticamente atrapados en sus viviendas y que, pese a las reiteradas reclamaciones, la solución siga sin llegar.
Una sociedad se mide por cómo protege a quienes más la necesitan.
Y una Administración también.
Porque el verdadero problema ya no es un ascensor averiado.
El verdadero problema es que, mientras pasan los días, hay personas que ven restringido un derecho tan elemental como el de poder salir de su propia casa.
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