La
Delegación del Gobierno de Ceuta prevé publicar durante este mes de noviembre las listas de seleccionados para su
Plan de Empleo una vez recuperada su gestión, en ediciones anteriores encargadas a la Ciudad Autónoma. La institución de la Plaza de los Reyes prevé sacar del paro a 680 personas durante 7 meses y pagarles entre 1.530 y 3.113 euros brutos mensuales, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.
Eso quiere decir que cada contratado percibirá realmente en sus cuentas corrientes, como salario neto, entre un mínimo de alrededor de 1.100 euros y un máximo de unos 2.000, en función de su grupo de cotización.
Todos los incorporados percibirán el Plus de Residencia de acuerdo con las tablas que cada año publica la Administración General del Estado para los empleados públicos, es decir, no como un porcentaje del sueldo base sino en términos absolutos.
De esta forma, las remuneraciones de estos programas se quedarán algo por debajo de
los gestionados directamente por la Ciudad, que aplica el Convenio Colectivo pactado en Ceuta. En este caso, los contratados perciben un mínimo (grupo E) de 1.275 euros brutos mensuales: un sueldo de 900 euros (equivalente al Salario Mínimo Interprofesional), un 25% de Plus de Residencia y el prorrateo de las pagas extraordinarias. En el caso de los del nivel más alto sus retribuciones rozan los dos mil euros (1.983,33 exactamente), 1.770,83 para el grupo B, 1.629,17 para el C y 1.416,67 para los del D.
La Administración General del Estado se considera sometida a la normativa de hace más de 20 años que liga al IPREM (537,84 euros en el presente ejercicio) multiplicado por entre 1,5 y tres veces los costes salariales totales a subvencionar por los Servicios Públicos de Empleo.
La Delegación ha apostado por el diseño de unos programas que priman, a la hora de seleccionar beneficiarios, a las personas que más han invertido en su formación. De esta forma, el 62% de los contratados serán graduados o titulados superiores, un 16,6% con niveles intermedios y el 21% restante, desempleados sin capacitación específica.
La configuración de los Planes de Empleo incorpora sustanciales novedades con respecto a ejercicios anteriores. El número de contratados cae sensiblemente desde más de mil hasta algo menos de 700, sobre todo por las mejores retribuciones que recibirán los seleccionados. La duración de los contratos también se recorta de nueve a siete meses, en este caso porque la resolución del Ministerio establece literalmente que no pueden extenderse más allá del 30 de junio de 2020.
La programación del perfil de los contratables no está exenta de polémica. Fuentes de CCOO han criticado que “sin tener en cuenta la situación socioeconómica de los desempleados que serán contratados y primando la titulación de los elegidos, la Administración no prioriza las necesidades sociales de los parados de Ceuta sino la cobertura de sus propias carencias”.
Es decir, el “carácter eminentemente social” que siempre se ha atribuido a los Planes de Empleo muta, a ojos del sindicato, en un parche para tapar los boquetes de los que adolece estructuralmente el sistema, sobre todo en el ámbito de Educación.
Un cupo del 7% de plazas se va a reservar de las plazas para personas con discapacidad, un 4% para víctimas de violencia de género, un 1% para reclusos en tercer grado, un 1,8% para drogodependientes, un 0,2% para víctimas de violencia del terrorismo, un 5% para perceptores del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) y un 15% para ciudadanos que carecen de ingreso alguno o perciben el IMIS.
Baremo, requisitos y cupos establecidos
La Abogacía del Estado ha respaldado el establecimiento de
un requisito de cuatro años de empadronamiento previo para poder entrar en los Planes de Empleo de este año. La norma de referencia es una Orden Ministerial de 1997 que considera obligatorio a los potenciales beneficiarios “ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo”. A partir de ahí se contemplan tres criterios de selección: “Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado”, “mayores responsabilidades familiares” y “amenaza de paro de larga duración”. Para interpretar esto último se dará prioridad a “quienes acrediten 360 días de inscripción como desempleado en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo”. En el baremo se tendrán en cuenta prácticamente los mismos criterios que el año anterior, aunque se suprime el punto que se asignaba a los candidatos con entre 45 y 55 años. Por antigüedad como demandante de empleo se darán 0,1 puntos por cada mes y medio punto por cada año completo. Las cargas familiares pesarán 0,6 meses por responsabilidad entendiendo como tal “tener a cargo del trabajador desempleado que se contrate el cónyuge, hijos mejores de veintiséis años, mayores incapacitados o menores acogidos”. Quienes sumen más de tres computarán 0,6 puntos adicionales. Cinco décimas se concederán por curso a los candidatos que los hayan seguido durante los tres últimos años. Finalmente, las personas que no hayan trabajado “en ningún Plan de Empleo” recibirán dos puntos.
Nuevo concepto de “Plan Integral de Empleo” de la mano del Estado
El Gobierno central de Pedro Sánchez ha justificado la recuperación de la gestión de los programas por la puesta en marcha de un nuevo formato de “Plan Integral de Empleo” desarrollado directamente por el Ministerio en el marco de sus competencias, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para “dar respuesta a la situación laboral y social” de Ceuta. El proyecto ya ha incluido la formación de una nueva Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) con siete miembros y la contratación de seis orientadores y la reordenación de subvenciones. Las actividades a desarrollar se realizarán en el marco de la Cartera Común de Servicios y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Choque de Empleo Joven y Plan REINCORPORA-T.