CGT ha pedido públicamente “el cese fulminante de la
Delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, como firmante de 722 contratos del
plan de empleo 21/22”, que han asegurado “incurren en graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente al desacato de
multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los planes de empleo 19/20 convirtiéndola en una actuación de temeridad procesal y de mala fe conforme a la doctrina del Tribunal Supremo 15/12/97 al resistirse a aceptar una pretensión legitima ya juzgada que decreta además la vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad y no discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución Española”. Han señalado que “si quienes, como responsables políticos con cargos públicos en las Administraciones deben ser ejemplo de cumplimiento de las normas y leyes pero no asumen responsabilidades y se consideran con absoluta y total impunidad, pasando por encima de sentencias judiciales, de los derechos laborales y de la propia constitución”, entonces “habrá que proceder directamente contra ellos, y en eso trabaja ya nuestra asesoría jurídica, ante lo que consideramos una actitud de soberbia, de prepotencia y chulería al despreciar las normas legales en vigor, las decisiones judiciales y el texto constitucional que rige la convivencia y debe ser garante de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos españoles”. Desde CGT han explicado que “los contratos suscritos por las y los desempleados ceutíes los pasados días 22 y 23 de diciembre en el seno de los planes de empleo 2021/22 comenzarán a cumplirse a partir del próximo día 30 de diciembre y se extenderán hasta el 30 de junio 2022 y en ellos se observan múltiples condiciones que desde CGT consideramos que no se ajustan a derecho”. Por esta razón han dejado saber que “tendrán nuestra censura jurídica”, por los motivos que señalan a continuación:
-No se respeta el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado con lo que el trato desigual y discriminatorio se institucionaliza, pese a que el juzgado de lo social de Ceuta ha dictado 44 sentencias de las que 8 han sido confirmadas por el TSJA declarando la Vulneración del Derecho Fundamental a la Igualdad art 14 CE y condenan a la Delegación del Gobierno en Ceuta por infringir la Constitución.
-Se realizan contratos de Obra y Servicios determinados (clave 401), precisamente este tipo de contrato acaba de ser anulado en el acuerdo Ligh de Reforma Laboral del Gobierno, patronal y Sindicatos domesticados.
-Incluyen en su cláusula decimosexta una mención expresa a la exclusión de la aplicación del IV Convenio “fuera de convenio único para el personal laboral de la AGE”
-Se fijan para distintas categorías profesionales salarios inferiores al Salario Mínimo Interprofesional fijado actualmente en 965€ por catorce mensualidades, en concreto se establece un salario base de 847.35€ en los que se incluye la prorrata de las pagas extra y de la indemnización de los 6 días por finalización del contrato (12 días por año). Han informado que ya están en contacto con algunas de las personas que forman parte del plan de empleo 2021/22 y que procederá entonces “a actuar con todo el rigor que permita la legalidad vigente contra esta nueva tropelía de quien no debiera seguir ni un minuto más al frente de la Delegación del Gobierno en Ceuta”. Recalcan que “se consumó un nuevo atropello contra el derecho a la igualdad, contra las sentencias judiciales y contra la Constitución Española por parte de la delegada del Gobierno en Ceuta”.