La red de centros públicos de educación infantil y primaria de nuestra Ciudad es notoriamente insuficiente. La prueba más evidente de ello es que durante muchos años hemos tenido que hacer frente al incremento de la población escolar acudiendo al recurso improvisado de añadir nuevos módulos en patios exteriores o zonas ajardinadas (rompiendo la deseable unidad de la edificación para albergar un centro educativo); subdividiendo espacios interiores para habilitar remedos de aulas; renunciando a espacios complementarios (no por ello menos importantes) como bibliotecas, gimnasios, laboratorios y similares. La política de construcciones escolares, como todo lo que tiene que ver con la gestión del Ministerio de Educación, es improvisada, insuficiente, ineficiente y extemporánea. Pero este no es el único problema. A la insuficiencia y la malformación de la red de centros de infantil y primaria, hay que añadir la nefasta política de conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios. Esta competencia corresponde, porque así lo establece la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo veinticinco, a la Ciudad; pero refiriéndose en exclusiva a los edificios de titularidad municipal. A pesar de ello, en Ceuta (plagada de misterios administrativos) el Ayuntamiento se hace cargo de estas competencias en todos los centros, incluidos los que no son de su propiedad (como es el caso del José Acosta, el Mare Nostrum o los dos centros de adultos). No se sabe si por comodidad, simplificación, inercia, ignorancia o desidia (lo más probable). Este modelo de gestión “compartida” no funciona en nuestra Ciudad. Por dos razones fundamentalmente. La primera es la ambigüedad competencial. Las obras de mantenimiento corresponden al Ayuntamiento, sin embargo, las mejoras debe ejecutarlas el Ministerio. ¿Qué se entiende por mantenimiento? ¿Dónde está el límite entre una y otra? Existen sentencias judiciales que de alguna manera acotan con cierta precisión este término; pero siempre se mueve en el terreno de la interpretación (cambiar la instalación eléctrica es mantener o reformar, por ejemplo). De este modo, innumerables actuaciones muy necesarias y urgentes en los centros se quedan en ese limbo de la atribución de competencias entre administraciones.
Las obras de mantenimiento corresponden al Ayuntamiento, sin embargo, las mejoras debe ejecutarlas el Ministerio ¿Qué se entiende por mantenimiento? ¿Dónde está el límite entre la una y la otra?
Este hecho se agrava por el mal estado que presentan muchos centros al tratarse construcciones muy antiguas que demandad un considerable esfuerzo inversor, de forma inmediata, que nadie quiere asumir esperando que lo haga el “otro”. Una simple visita a nuestros colegios pone en evidencia este desastre. Rejas rotas y oxidadas, muros y paredes desconchados, manchas de humedad, grietas, deficiencias en el tendido eléctrico, aseos obturados…. Los colegios se caen a trozos mientras los responsables políticos dilucidan quién debe acometer las obras. La segunda razón de este insoportable fracaso es de naturaleza estrictamente política. A la Ciudad se le hace muy cuesta arriba emplear sus presupuestos en acciones que no puede rentabilizar electoralmente porque al fin y al cabo la gestión de los colegios, a los ojos de la ciudadanía, corresponde al Ministerio. Esta perversión se agudiza cuando las administraciones son de diferente signo político. El permanente y excesivo interés electoral ha llevado a que los presupuestos municipales destinados a esta finalidad hayan sido, no ya insuficientes, sino ridículos. Seguramente habrán pensado que, al fin y al cabo, el coste electoral de mantener los colegios en mal estado (si existiese) recaería en el Ministerio y no en el Gobierno local. Un ejemplo concluyente de esta forma de proceder lo encontramos en el servicio de limpieza. El contrato suscrito por la Ciudad para la prestación de este servicio no garantiza, ni de lejos, un grado mínimamente decente de limpieza (sencillamente, faltan trabajadores en todos los centros).
Todos los implicados conocen perfectamente esta situación que se prorroga desde hace años. La solución, como siempre, la sobreexplotación de los operarios (que por dignidad profesional trabajan hasta la extenuación), y claro está, los planes de empleo. Otro tanto podríamos decir de los y las ordenanzas (que deben formar parte de la comunidad escolar e incluso estan representados en los Consejos Escolares) que han desaparecido prácticamente de los centros, sustituidos por una especie de vigilantes de seguridad externos y rotatorios contratados por la empresa AMGEVICESA. Una absoluta falta de compromiso con la educación y una manera artera de cumplir con sus obligaciones legales. El Ministerio debería tomarse en serio esta cuestión. Si no es capaz de establecer unos mecanismos de colaboración eficaces que garanticen la prestación de estos servicios y la ejecución de las obras en unos niveles de calidad óptimos, debería asumirlos directamente. Desde luego, lo que es insostenible es que unos por otros los colegios estén abandonados.