El Gobierno de la Ciudad da por finalizadas “a falta de meros trámites administrativos” las obras encargadas a Tragsa este verano para adecuar una parcela municipal ubicada encima de los cementerios de Santa Catalina para la práctica del motocross en el marco del Plan que se aprobó en 2014 para la mejora de las Infraestructuras, los Equipamientos y los Servicios en las Barriadas durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019.
El presupuesto de los trabajos encomendados a la empresa pública se situó ligeramente por encima de 92.000 euros y su plazo de ejecución era de tres meses.
Fuentes gubernamentales han explicado que ahora se está preparando un convenio con la Federación de Motocross para ordenar la gestión de la pista acondicionada junto al sendero que circunvala el Hacho en el tramo que va desde la EDAR hasta la cerca de la Planta de Transferencia de Residuos.
El plan de uso o explotación deberá incluir un calendario que “evite las fechas o días semanales de mayor afluencia de ciudadanos a la zona” y que concrete horarios, intensidad (número de practicantes simultáneamente...), niveles máximos de ruido admisibles, normas de utilización de las instalaciones y un “manual de buenas prácticas ambientales”.
Durante el desarrollo de la actividad se realizarán “evaluaciones acústicas” para “comprobar el grado de incidencia sobre los usos recreativos, de esparcimiento y funerario-religiosos coincidentes en la zona”.
El Gobierno de la Ciudad ya se ha puesto en contacto con el presidente del Comité de Empresa de las Brigadas Verdes, Mustafa Mohamed (CCOO), para comunicarle que el presidente Vivas recibirá al órgano de representación de la plantilla junto a la consejera competente, Kissy Chandiramani, titular de Fomento y Medio Ambiente, en cuanto esta regrese a Ceuta.
El Comité transmitió al líder del Ejecutivo local anteayer por escrito a través del Registro de la Administración su deseo de mantener una reunión para conocer de primera mano los plantes del Gobierno para ese programa y para entregar a Vivas las firmas de la inmensa mayoría de sus alrededor de 150 trabajadores solicitando dejar de depender de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) como entidad gestora del proyecto.
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