Vox Ceuta llevará este miércoles al
Pleno de la Asamblea una propuesta para instar al Gobierno Central, que ostenta la competencia de
Educación en la ciudad, a instaurar en los centros educativos el ‘Pin Parental’. Según explica en nota de prensa la formación de Abascal, "su puesta en marcha supondrá que se necesite consentimiento expreso de los padres o tutores para que los alumnos puedan realizar cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos".
Destacan que el objetivo de esta medida es "hacer valer el derecho de los padres a escoger una educación para sus hijos de conformidad con sus propias ideas y valores. Este derecho está recogido tanto en la Constitución Española, que en el apartado tercero de su artículo 27 señala que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa", apostillan.
Con esta medida, Vox Ceuta dice querer evitar el "adoctrinamiento" en las escuelas y "devolver a los padres la capacidad para educar a sus hijos en base a sus convicciones". Un objetivo que se quiere lograr en todo el país, según la nota de la delegación ceutí que concluye recordando que en Murcia esta propuesta, también presentada por Vox en la Asamblea regional, ya se ha aprobado y además se ha presentado en las asambleas de las Comunidades Autónomas donde el partido tiene representación. Para Vox, hablar de ‘Pin Parental’ es hablar de defender el derecho de los padres a proteger a sus hijos de discursos ideológicos y sectarios como los que sostienen los fichajes de la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero. Por ejemplo, la nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, defiende que se cierren las cárceles, justificó la quema de iglesias y considera la heterosexualidad algo machista para proponer que las mujeres sean las que penetren al hombre. Boti Garcia, la nueva directora General de Diversidad Sexual y LGTBI nombrada por Montero, se jactó de haber mantenido una relación sexual con una alumna de 17 años, cuando el Código Penal recoge como abuso aquella relación de actos sexuales, con un menor de edad pero mayor de 16 años, en la que intervenga “engaño” o se abuse “de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima”.