El Ministerio
Fiscal ha pedido tres años de cárcel y cinco de inhabilitación profesional, mientras que la Acusación Particular solicitó una indemnización de 200.458 euros para un médico especialista en Ginecología acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave que se remonta al 21 de marzo de 2011. Fue la fecha en que J.M.S. intervino quirúrgicamente a una niña de 12 años que, tras dificultades durante la intervención, falleció finalmente sin que los esfuerzos del equipo del
Hospital Universitario pudieran hacer nada por salvar su vida.
La menor fue ingresada el 18 de marzo en el
hospital diagnosticada de un quiste ovárico. El lunes 21, el doctor J.M.S. decidió intervenirla de urgencia, empleando para ello una laparoscopia, técnica utilizada habitualmente y que consiste en una punción con una aguja de Veress, a través de la cual se introduce un gas con el que aumentar la cavidad abdominal y un trócar, un instrumento con el que se accede a dicha cavidad para, posteriormente proceder a la introducción de una cámara a través de la cual el facultativo realizó la operación. Durante la intervención, y según recoge el escrito de acusación, el anestesista informó que los niveles del gas carbónico introducido en la paciente, así como los índices de saturación, no eran los correctos. Además, la menor sufrió un abundante sangrado que se produjo desde el momento en que comenzó la intervención y que, al parecer, no provenía del quiste que padecía la paciente, sino de la rotura de un vaso sanguíneo mayor, como puede ser la aorta.
Las complicaciones no aparecieron hasta transcurridos unos 35 minutos de la operación
Al médico le acusan de no haber atendido las indicaciones del anestesista, procediendo a cortar la hemorragia del órgano femenino (que también sangraba, aunque en menor medida) cuando debía haber actuado, según la acusación, localizando el origen del abundante sangrado.
A lo largo de todo el día de ayer, se sucedieron los testimonios de los testigos que participaron, de una u otra manera, en la intervención quirúrgica. Una de las enfermeras afirmó que el anestesista alertó, hasta en dos ocasiones, de la aparición de complicaciones y del consejo de que “miraran” el retroperitoneo, una región abdominal donde al parecer podría encontrarse el origen del problema. La continua pérdida, imposible de parar, obligó a solicitar bolsas de sangre para realizar varias transfusiones a la pequeña.
Después de un tiempo intentando parar la hemorragia, y tras solicitar la presencia de tres especialistas en Ginecología y uno más en Cirugía General, J.M.S. optó por abandonar la técnica de la laparoscopia por otra más tradicional: una laparotomía, con la que se realizaría una incisión mayor en la paciente a fin de localizar la procedencia de la lesión que provocaba la hemorragia. Fue en ese momento cuando el médico anestesista que asistía en la operación les indicó que la menor había fallecido, por lo que se procedió a extirpar el tumor y a informar a la familia del fatal desenlace.
Los momentos de tensión que se vivieron en el quirófano se plasman en otra de las declaraciones de uno de los enfermeros que también intervino en la operación y que explicó como, debido a la continua degeneración de las constantes vitales de la niña y ante las dudas del anestesista de que el monitor no funcionara correctamente, salió del quirófano para buscar otro equipamiento. Además, el mismo enfermero no esperó la llegada de las bolsas de sangre, procedentes del laboratorio situado en el piso inferior, sino que se aprestó a recogerlas para aplicar lo antes posible la transfusión a la pequeña.
En la misma línea se manifestó un tercer enfermero que también hizo hincapié en que, tras las indicaciones del anestesista, el acusado continuó buscando el problema que generaba el sangrado y que en todo momento se vivió una “actitud activa” para salvar a la paciente.
El entonces jefe de Servicio de Cirugía, que fue reclamado en el quirófano por J.M.S., explicó que no fue hasta 35 minutos después del inicio de la operación cuando se produjeron los primeros síntomas de que algo estaba ocurriendo. Hasta entonces, el gas con el que se expande la cavidad abdominal puede enmascarar una hemorragia de mayor envergadura al ejercer como “tapón” e impedir que el desgarro de la aorta fuera evidente desde el inicio de la intervención.
La declaración de los dos últimos testigos, el anestesista (fallecido) y otro de los ginecólogos (actualmente en el extranjero), se realizó a través de edicto, con las testificales que realizaron en su día ante el juez instructor.
El anestesista alegó que la aorta se perforó durante la intervención con la aguja o el trócar y que, en su opinión, una laparotomía hubiera sido un tratamiento menos agresivo para una paciente de esa edad y características físicas, al tratarse de una niña de complexión muy delgada.
Por su parte, el testimonio del ginecólogo se basó en reconocer su escasa experiencia en la técnica de la laparoscopia aplicada y admitió desconocer si era el método más adecuado para intervenir a una menor tan pequeña.
El facultativo aseguró que no vio “indicios de que había hecho algo mal”
El médico que ayer se sentó en el banquillo de los acusados por un delito de homicidio por imprudencia grave decidió intervenir a la menor después de dos días ingresada en el Hospital Universitario. Durante su declaración aseguró que optó por la laparoscopia, al tratarse de una técnica que realiza habitualmente. Una vez iniciada la operación comprobó que había gran cantidad de sangre, con lo que el ginecólogo procedió a intentar buscar el origen de la hemorragia, según declaró en el Juzgado de lo Penal número 2 donde se celebró la vista oral.
J.M.S. intentó clampar o pinzar las zonas de sangrado, aunque la imposibilidad de parar la hemorragia lo obligó a adoptar otras medidas. Tras solicitar la presencia de otros compañeros médicos en la sala, tres ginecólogos y un cirujano, fue este último quien anunció que existía un desgarro en la arteria aorta, que era necesario reparar antes de que la paciente continuara desangrándose. Optaron entonces por una laparotomía que no llegó a ejecutarse finalmente ya que el anestesista anunció el fallecimiento de la menor. Al rememorar este momento, y en varias ocasiones más, el acusado rompió a llorar al recordar el triste final de la pequeña.
En el transcurso de su defensa, J.M.S. argumentó que la rotura de un vaso importante, como en este caso podría ser la aorta, ofrece dos síntomas: por un lado, que la aguja de Veress introducida en el paciente se llene de sangre o bien que se produzca un desplome de la tensión arterial, aunque el acusado aseguró no haberse dado ninguno de los dos casos. “No vi indicios que indicaran que había hecho algo mal”, declaró.
Tras comprobar el fallecimiento de la paciente, los médicos continuaron la intervención quirúrgica extrayendo el quiste y procedieron a informar a la familia de las complicaciones surgidas.
Por su parte, el tío de la menor, que asistió en calidad de testigo, argumentó que en ningún momento habían informado a la madre de la niña del tipo de operación que iban a realizar, además de no ofrecer explicaciones sobre lo que había acaecido en el quirófano.
Días después del fallecimiento solicitaron en el Hospital Universitario la documentación necesaria para realizar una autopsia ya que, según el testigo, el médico no les había informado de la posibilidad de llevar a cabo este trámite a fin de conocer las causas de la muerte de su sobrina, hecho negado por el acusado, que insistió en que la familia se opuso a realizar dicha autopsia cuando se le propuso.
Los peritos concluyen que la punción ocasionó la rotura de la arteria aorta
Tres peritos médicos y una forense coincidieron ayer en declarar que el punzamiento con la aguja de Veress o con el trócar fueron los responsables de la rotura de la aorta que provocó el sangrado y, por ende, el fallecimiento de la pequeña de 12 años durante la intervención quirúrgica que realizó J.M.S.
En su declaración los testigos concluyeron que la aparición tardía de los síntomas de una hemorragia grave se debió a que en un principio se produjo un leve desgarro de la aorta que, sumado a la presión del gas que se introdujo en el cuerpo de la paciente, llevó a una contención del sangrado. Esto derivó en que los médicos no pudieron detectar el origen del problema, aunque los peritos también coincidieron en que se actuó correctamente al intentar detener la hemorragia mientras se solicitaba el apoyo de otros especialistas.
Sobre la causa exacta de la muerte también se estuvo debatiendo ya que el informe emitido tras la defunción de la pequeña no recoge los motivos que llevaron al trágico fin de la niña. Tan solo en el informe del anestesista se apunta a una perforación en la arteria aorta como causa de la muerte.
Los testigos, que fueron llamados a declarar conjuntamente, indicaron que la demora en la intervención quirúrgica no fue determinante en el resultado final del caso, ya que la niña falleció por causas ajenas a su dolencia. Además, si bien se encontraba estable el día de su ingreso en el Hospital Universitario, dos días después de su estancia en el centro mostró un empeoramiento de su situación, lo que llevó al acusado a acometer la operación de urgencia.