El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio por un delito de falsedad documental en su modalidad de fraude de subvenciones.
El acusado reconoció los hechos y señaló que sobre las 21:00 horas del día 8 de julio del año pasado realizó un viaje en el ferry de la compañía naviera Trasmediterránea desde Algeciras a Ceuta disfrutando indebidamente de una bonificación por residencia en Ceuta, aportando para ello ante la naviera un certificado de residencia de un amigo que previamente había manipulado alterando sus datos identificativos.
De esta forma conseguía aparecer como residente y ha relatado que lo hizo con una aplicación de Google.
Posteriormente, siguiendo la misma forma de actuar, sobre las 15:00 horas del 10 de julio de ese mismo año, realizó un viaje en el helicóptero de la compañía Hélity desde Ceuta a Málaga, aportando unos datos falsificados utilizando el mismo modus operandi que cuando utilizó el ferry.
Por eso mismo, las partes renunciaron a las demás testificales, pero discutieron en el informe final sobre la interpretación de los artículos 305.4 y el 308.
La Defensa, señaló, aportando documentos, que, en la jornada de ayer, el acusado había realizado el pago como responsabilidad civil de la cuantía de la que se había aprovechado por recibir una bonificación indebida. Además, que se hizo otro pago por los intereses y se depositaron para el perjudicado que es el Ministerio de Fomento.
El letrado expuso que remitió un email al ministerio para comunicar que se había depositado esta cantidad para regularizar esa bonificación indebidamente recibida por su patrocinado.
Una situación que, según entiende la Defensa, da la posibilidad de que se dicte una sentencia absolutoria ya que según se recoge en esos artículos puede recaer esa absolución siempre y cuando se haya subsanado la responsabilidad civil.
Una razón que no ha compartido el Ministerio Fiscal, que señaló que en el artículo 308 se recoge que una vez se reintegre podría ser una sentencia absolutoria, pero esa subsanación debería haber sido antes del procedimiento y se hizo solo un día antes del juicio penal.
Por eso mismo, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 2 años de prisión, así como al pago de una multa de 9 meses con una cuota diría de 12 euros.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
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