La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado contra el dueño de una gestoría acusado de un delito de falsedad documental en concurso medial con un delito de estafa.
La vista oral se ha desarrollado únicamente contra uno de los dos acusados, ya que la otra implicada en los hechos se encuentra actualmente en busca y captura, lo que ha impedido su enjuiciamiento en esta fase del procedimiento.
Durante la sesión, el acusado hizo uso de su derecho a declarar respondiendo exclusivamente a su abogado defensor, negando cualquier responsabilidad directa en la gestión de seguros y atribuyendo dichas funciones a la otra acusada.
En su declaración, el acusado sostuvo que él no se encargaba de tramitar seguros, afirmando que esa labor correspondía a su compañera, actualmente en paradero desconocido. Según indicó, su única intervención fue realizar una transferencia para la compra de un vehículo.
El acusado explicó que fue el propio denunciante quien le preguntó si conocía a alguien que pudiera gestionar un seguro, a lo que él respondió recomendándole a la otra acusada, desvinculándose así de cualquier gestión posterior.
Asimismo, aseguró que él mismo ha denunciado a dicha persona por haber estafado presuntamente a numerosos clientes de la gestoría, presentándose también como perjudicado por su actuación.
Por su parte, el denunciante relató que acudió a la gestoría junto a su mujer para realizar un cambio de titularidad del vehículo, además de tramitar un seguro y otras gestiones administrativas. Según su versión, todas las gestiones fueron realizadas directamente por el acusado.
El perjudicado afirmó que nunca trató con ningún otro empleado, señalando que abonó en mano un total de 547 euros, desglosados en 130 euros por trámites administrativos y 417 euros por el supuesto seguro, que el acusado le aseguró haber contratado con Direct Seguros, lo cual resultó ser falso.
El denunciante explicó que, tras sufrir un accidente en Tetuán, contactó con la aseguradora y descubrió que el número de póliza facilitado correspondía a otro vehículo, concretamente una motocicleta, evidenciando la inexistencia del seguro contratado.
Un agente de la Policía Nacional, instructor del caso, declaró que tras la denuncia se iniciaron las gestiones pertinentes, comprobando con la aseguradora que el número de póliza no correspondía al vehículo del denunciante.
Además, señaló que los documentos aportados por el perjudicado, supuestamente emitidos por la gestoría, presentaban signos claros de haber sido manipulados, lo que reforzaba la hipótesis de falsedad documental.
Otro agente, que actuó como secretario en la investigación, confirmó que tras recibir la documentación de la compañía aseguradora se realizó una comparativa que evidenció de forma clara la alteración de los documentos.
Durante el juicio también declararon dos testigos de la defensa, trabajadores de la gestoría, quienes manifestaron que nunca vieron al acusado realizar seguros de vehículos, limitando su testimonio a esa circunstancia.
Tras la práctica de la prueba testifical, tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular mantuvieron sus escritos de acusación, solicitando una pena de dos años y seis meses de prisión para el acusado.
Por su parte, la Defensa interesó la libre absolución de su representado, insistiendo en su falta de implicación directa en los hechos y atribuyendo la responsabilidad a la otra acusada, actualmente en paradero desconocido.
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