El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular han solicitado penas de cárcel e inhabilitación para dos médicos del Ingesa por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave, derivadas de la mala atención prestada a la víctima de un accidente de tráfico que, ahora, sufre un grado de minusvalía del 65%.
De acuerdo con el escrito de calificación al que ha tenido acceso ‘El Faro’, el Fiscal solicita un año y seis meses de cárcel (en el caso de la Acusación Particular se eleva a dos) además de una inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante tres años, al entender que su actuación no fue la correcta, lo que provocó que las lesiones padecidas por uno de sus pacientes fueron mayores.
Los hechos a los que hace referencia esta calificación tuvieron lugar en febrero de 2004. En el antiguo hospital de Cruz Roja ingresaba P.J.D.R. tras sufrir una luxación de rodilla producida en un accidente de tráfico. Tras ser operado quedó ingresado debiendo permanecer varios días para evitar complicaciones. No fue así, ya que 24 horas después, uno de los médicos acusados, J.F.M., le daba el alta hospitalaria a pesar de que no era su paciente y del necesario tiempo de observación médica que había requerido.
El resultado fue que dos días después, el paciente empeora y se ve obligado a ingresar, de nuevo, en el clínico. Allí es atendido por el segundo de los médicos acusados, M.A.V., quien certifica la existencia de un síndrome compartimental pero, según la Acusación, indica en el parte que “no es necesario dar aviso al especialista”. Entiende la acusación que eso retrasó injustificadamente la correcta valoración de la gravedad del cuadro clínico que presentaba, comportando el riesgo de secuelas. El paciente tuvo que ser operado de una reluxación, teniendo que ser evacuado a Cádiz debido a la gravedad del cuadro clínico que presentaba. El resultado de esta historia es que tuvo que permanecer 200 días en el hospital, requiriendo 1.747 días de curación y padeciendo un grado de minusvalía total del 65%.
Contrario a la defensa de los médicos, la acusación entiende que sí hay una implicación de los profesionales en un presunto delito de lesiones por imprudencia grave, solicitando, como añadido a la pena una indemnización de 500.000 euros por los daños físicos y morales sufridos (el Fiscal la rebaja a 290.000).
