La Agencia Nacional de Protección del Interés Público y Transparencia en Marruecos ha solicitado en una carta dirigida al Fiscal General del Rey en la Corte de Apelaciones de Agadir que se abra una investigación urgente para acabar con una banda criminal que se dedicaba a emitir certificados universitarios falsos.
El entramado consistía en el fraude en los certificados universitarios a través de la falsificación de registros y actas oficiales en la Universidad Ibn Zohr.
La entidad ha explicado en su carta que su solicitud está respaldada "por documentos sobre la concesión de certificados universitarios de educación superior en la Universidad Ibn Zohr por parte de funcionarios públicos de la universidad a través de la falsificación y sin respetar los requisitos pedagógicos o los procedimientos establecidos".
En este sentidos, según los medios locales, algunos certificados se otorgaron después de solo un año de estudio y "llevan la firma de funcionarios de la universidad en violación de la Ley 01.00 que regula la educación superior, especialmente los artículos 8 y 16 y los requisitos establecidos en el cuaderno nacional de regulaciones pedagógicas para el programa de maestría".
Además, señalan que "los certificados falsificados suman decenas de maestrías y maestrías especializadas, y fueron emitidos por decanos de facultades y el presidente de la universidad en los años 2011 y 2012, en complicidad con los profesores y funcionarios públicos".
De esta manera, estos títulos fueron utilizados indebidamente por sus beneficiarios al emplearlos para la promoción y obtención de certificados de doctorado posteriormente, destacando que "se aprovechó de la formación continua resultante como medio para defraudar la ley y permitir que los inscritos obtengan certificados nacionales reconocidos por el estado".
Estos delitos fueron cometidos por funcionarios de alto rango, que "se supone que deben velar por la correcta aplicación de la ley" en lugar de utilizar sellos y firmas administrativas para falsificar hechos y datos y entregar certificados aprobados por el Estado.
Finalmente, la Agencia Nacional de Protección del Interés Público y Transparencia pide al Fiscal General del Rey que "emita instrucciones para realizar una investigación urgente y exhaustiva sobre estos hechos y tomar las medidas legales correspondientes dada la gravedad de los delitos cometidos".
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