Piden investigar un empadronamiento por sospechas sobre su legitimidad

Una ceutí pide que, desde la administración pública local de Ceuta, investiguen un empadronamiento que considera sospechoso. A su juicio, no le parece legítimo, una teoría que se reafirmó tras informarse sobre las condiciones que se requieren para vivir en una vivienda militar.

La denunciante es una persona próxima al caso. Se percató de que algo no cuadraba con la inscripción a raíz de una notificación que le llegó sobre un asunto burocrático propio. Su teoría de que el registro no era válido, se reforzó tras visitar las oficinas de la Delegación.

Allí los empleados le indicaron que solo un militar en activo puede tener el contrato de alquiler o, en su defecto, su esposa si este fallece o un hijo. La persona que actualmente reside en el domicilio no responde a ninguno de esos supuestos, lo que ha despertado su inquietud.

Reclamación

Es este el motivo por el que esta vecina pide a la administración local que abra una investigación para evaluar el caso. La mujer presentó en diciembre una reclamación ante el organismo público.

Ante la falta de respuestas, y tras recurrir a la vía judicial y policial sin resultados, se ha decantado por dar a conocer su denuncia de forma pública en El Faro. El trámite para tener el certificado de empadronamiento requiere, entre otros documentos, la entrega de un contrato de alquiler y de un recibo de la luz o de agua.

Si el nombre del casero también aparece en el de la factura, se procede censar a la persona solicitante. Aunque en este caso se ha concedido, esta ceutí estima que se trata de un caso en el que la inscripción no es legítima.

Vía judicial

Antes de dar este paso y de acudir al ayuntamiento, fue a comisaría para tomar acciones. Después de consultar el hecho con la policía, le recomendaron abordar el caso en los juzgados. La mujer pidió la apertura de un proceso.

Finalmente, desde la justicia aceptaron su denuncia e incoaron las diligencias previas del procedimiento abreviado. El funcionario asignado, con todas las pruebas documentales aportadas en mano, se puso manos a la obra.

La intención era la de esclarecer la naturaleza de lo sucedido. Sin embargo, tras la consulta, desde la vía judicial no corroboran la versión de esta vecina. Señalan que no existen indicios que respondan a la perpetración a los hechos que han dado lugar a la formación de la causa.

Dar de baja

Tras llegar a esta conclusión, acordaron el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones. El juez a cargo del expediente define describe este caso como “un error administrativo” y que, por tanto, este debe ser resuelto por parte del registro del empadronamiento local.

Precisamente, a través de un auto, se le indicó a esta ceutí que debía acudir a las oficinas del Palacio autonómico para abordar el asunto. Se le trasladó que, ella, como parte solicitante, debía poner en conocimiento del ayuntamiento lo acaecido para que, desde la entidad pública, se proceda a dar de baja a las personas que no viven en la vivienda.

El comunicado hace hincapié en que la narración de estos acontecimientos no se traduce a la consumación como tal de un delito. Por tanto, por la vía judicial, descartan que se trate de una infracción legal.

A pesar de haber obtenido esta respuesta, la ceutí busca que se esclarezca lo sucedido. Es esta razón por la que, tras meses sin recibir un comunicado por parte del ayuntamiento, acuden a este medio para dar visibilidad a su reclamación fuera de las oficinas y los juzgados.

Tras la aclaración del juez, es el turno de los empleados de la administración pública. Son ellos los que realmente deben determinar qué ha ocurrido con este empadronamiento y si realmente deben proceder a anular la inscripción en el padrón de esta persona que, en inicio, vive en la vivienda militar señala por la denunciante.